La familia ha presentado una reclamación patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por 1,8 millones de euros, con reserva de su posterior ampliación.
Los investigadores han podido acreditar que el cable que originó el accidente –situado entre dos postes metálicos– habría sido instalado por los propietarios de la finca de manera irregular, por lo que la Guardia civil les considera presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones por imprudencia.