Según señala hoy El Confidencial, Sebastián Gómez, es el nombre del letrado que se ha personado como acción popular en la causa judicial que investiga el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
Este letrado del Colegio de Abogados de Lucena denunció a la presidenta del PP madrileño al día siguiente de tener conocimiento que se había dado a la fuga y que había desobedecido las órdenes tanto de los agentes que le estaban multando por aparcar en un lugar prohibido como de la Policía Municipal que le dio el alto y le persiguió hasta su domicilio.
Sin embargo, el titular del Juzgado número 14 de Madrid no había tramitado la denuncia de Sebastián Gómez hasta este miércoles, requiriéndole una fianza de 200 euros antes de aceptarle formalmente como acusación popular. En cuanto el letrado ingresa la cantidad ya podrá actuar legalmente contra Aguirre.
La dirigente 'popular' tendrá que acudir a los juzgados este lunes a las 11 de la mañana para ser interrogada por juez, fiscal y abogados de la acusación particular de uno de los agentes y la acusación popular de la asociación Transparencia y Justicia ya personada previamente y que propició a través de un recurso que la Audiencia de Madrid ordenara a Carlos Valle instruir la causa como delito y no como una falta leve de desobediencia y, presumiblemente, de este abogado adscrito al colegio lucentino, por el incidente provocado el pasado 4 de abril, que acabó con la moto de uno de los agentes en el suelo.
En su denuncia, Gómez solicita al magistrado la recusación "de cualquier fiscal que hubiera sido elegido para su puesto por Aguirre, mientras ostentaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, o de cualquier otro juez o fiscal vinculado con la misma, directa o indirectamente". El fiscal superior de Madrid, que está haciendo de portavoz en este asunto, fue elegido meses antes de que Aguirre llegara a la Comunidad, concretamente en julio de 2003, y ha sido ya reelegido en dos ocasiones.
Este letrado también pide que se tome declaración a la imputada por los delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia muy grave a la autoridad y daños y/o vejaciones injustas con publicidad. El instructor comenzó la tramitación de este asunto como falta hasta que la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a seguir el caso por un presunto delito de desobediencia aunque el tribunal descartaba el delito de atentado contra la autoridad.
El abogado que se persona ahora en la causa recuerda al instructor que el asunto de Aguirre es muy similar al de otra mujer que fue condenada a seis meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid el año pasado por un delito de desobediencia grave por aparcar en la madrileña estación de Atocha, en un carril de entrada en el que está prohibido el estacionamiento. Los agentes le informaron de que no podía aparcar en ese lugar, pero la acusada no escuchó la advertencia y salió del coche. Cuando regresó, los funcionarios le anunciaron que iban a multarla, instante en el que ella subió al vehículo, lo puso en marcha y golpeó a uno de los agentes, que previamente le había ordenador detenerse. Los funcionarios, apoyados por otra patrulla, fueron detrás de ella, le ordenaron que se detuviese, pero la mujer hizo caso omiso hasta que fue interceptada en un semáforo en rojo.
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid han calificado de un posible delito de desobediencia el incidente de tráfico protagonizado el pasado 3 de abril por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en contra de la postura mantenida por el juez Carlos Valle, quien consideraba los hechos como una falta leve de desobediencia.
En la resolución, los magistrados consideran que los hechos deben ser instruidos en "el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad" del artículo 556 del Código Penal. Por ello, acuerdan estimar el recurso en este apartado, con "la consiguiente revocación de la resolución recurrida". Así, piden al instructor que transforme la causa en diligencias previas para la instrucción de la causa para "la averiguación y comprobación de los hechos denunciados". El art. 556 CP establece que "los que, sin estar comprendido en el artículo 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o la desobedecieran gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año".
Argumentos de la Sala
Los magistrados señalan que "no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como calificar provisionalmente dicha conducta como un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia".
"Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad", añade el texto judicial.
Asimismo, relatan lo sucedido aquel día, conforme a los hechos denunciados, y narran que Aguirre había dejado su coche estacionado "indebidamente" en un carril bus de la plaza de El Callao de Madrid, personándose los agentes de movilidad para redactar la correspondiente denuncia administrativa.
Tras solicitarle un agente el permiso de conducción, Aguirre les replicó: "¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís por mí porque soy famosa. Tienes la placa. Denuncia el vehículo". Acto seguido, el agente le pidió de nuevo la documentación. "Yo me voy. Tienes la placa. Denúnciame", le espetó y arrancó el motor de su vehículo.
En su marcha, según apuntan los magistrados, "llegó a colisionar con una de las motocicletas de los agentes en la maniobra para marcharse del lugar". La moto cayó al suelo y resultó dañada. Los agentes ordenaron a Aguirre que detuviera el vehículo, "haciendo ésta caso omiso a la orden".
Resumen de los hechos
El altercado de tráfico llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido. Ese día, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se marchó con su coche tras supuestamente arrollar la moto de un agente que la había multado por aparcar en un carril bus de Gran Vía.
En el recurso, Transparencia y Justicia señalaba que "por los mismos hechos cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido".
Este lunes, Aguirre se someterá a un interrogatorio en el que, entre otras cosas, se le preguntará por el trato de los agentes, por las razones por las que se dio a la fuga y por su encuentro minutos más tarde con varios agentes en la puerta de su casa, hasta donde fue seguida ante su negativa a detenerse. Una semana después, el 30 de septiembre, están citados como testigos tanto los agentes de Movilidad que le multaron como los policías municipales que la siguieron por toda la calle Gran Vía.
