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Sueños rotos. Los ciudadanos más indefensos. Aquellos que, mientras otros amontonan ceros en sus cuentas corrientes, siempre suelen perder. Y, de entre ellos, surge una voz común. "Queremos dejar muy claro que no podemos pagar la hipoteca, no es que no queramos, es que no podemos". La plataforma Stop Desahucios en Lucena socorre diariamente a todas las familias que sobreviven al borde de la desesperación. Una angustia que se materializa cuando una orden judicial conmina a un grupo de personas a abandonar, no su piso, sino su hogar.
Juan Jesús Bergillos Muñoz y Verónica Pérez Burgos ambos en la parte derecha de la imagen- se casaron en el año 2002. Al principio de su matrimonio se instalaron en la vivienda de la familia de Verónica. Juan Jesús trabajaba por aquel entonces en una carpintería y la situación de ambos era desahogada. El deseo de progresar y de disponer definitivamente de un inmueble propio les hizo comprar una vivienda en el año 2005. Esta familia lucentina, compuesta ahora también por una niña de 3 años y un niño de 11, se topó bruscamente con la crisis en el año 2008. Juan Jesús fue despedido de la empresa donde estaba contratado y, a partir de ese momento, solo era requerido esporádicamente para obrar en el campo, en la construcción y en las ferias.
El paro, palabra maldita, compelió a los Bergillos Pérez a iniciar su tortuosa relación con las entidades financieras. "Fuimos a hablar con el banco y les dijimos que con los 426 de la ayuda era imposible pagar la hipoteca, la luz, el agua y comer". Desde el 23 de agosto no reciben ningún tipo de ingreso, después de haber agotado el desempleo y el subsidio destinado a parados de larga duración.
"Ahora solo cobro los jornales del campo, pero cuando llueve no puedo llevar nada a mi casa". Banesto, ante los impagos, requirió el inmueble mediante la vía notarial, un procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria. Recientemente, concretamente el 3 de enero del año 2014, el juzgado número 1 de Palma de Mallorca, declaró nula la cláusula de contrato que establecía que, en caso de incumplimiento, la cuestión se resolvería ante notario por vía extrajudicial, ya que el juez consideró que los derechos de los clientes son mermados con estas condiciones. Sin embargo, la falta de información es otro condicionante que condena habitualmente a los afectados por las hipotecas.
La irrupción de la plataforma Stop Desahucios logró acuerdos puntuales con la notaría y con el banco. El primer suspiro se produjo cuando no se presentó ningún postor a la subasta del piso. Ahora, únicamente podrían recuperar su casa abonando la totalidad de la deuda, alrededor de 96.000 euros, puesto que constan como deudores en el banco. Mientras figuren como propietarios en el registro no pueden acceder a ninguna vivienda de protección oficial. Tampoco han sido beneficiarios de ninguno de los contratos de emergencia social del Ayuntamiento de Lucena. "Si el piso vuelve a salir en subasta y me quitan el piso, me veo en la calle con mis niños", sentencia Verónica. La dación en pago y un posterior alquiler social en la vivienda en la que actualmente residen es la esperanza que mantiene con fuerza a una familia incansable.
"Yo no puedo apañarme con 26 euros al mes"
Hubo una época en la a que Sergio Roldán Espinar en el centro de la foto- y a su mujer les iban las cosas bien. Él trabajaba como técnico de transporte sanitario en una ambulancia y su cónyuge en una carpintería. "Podíamos tirar de la hipoteca", recuerda Sergio.
En el 2004, gravaron su inmueble en un contrato con el Banco Popular. Hace 3 años, Sergio perdió su empleo e inmediatamente le comunicaron a la sucursal la imposibilidad de afrontar los pagos.
La primera opción que propuso Sergio Roldán fue un aplazamiento del pago de capital y abonar solo los intereses. "Siempre nos pusieron inconvenientes hasta que, un año más tarde, fuimos de malas". El Banco Popular aceptó la carencia doce meses después y los familiares de Sergio Roldán son los que habitualmente los auxilian, a él, a su mujer, y a su hija de 3 años, con los pagos mensuales de la luz y del agua.
"Hace dos semanas hablé con los responsables del banco y les dije que no podía más. Con los 426 euros tengo que pagar 400 de carencia y solo me quedan 26 euros para vivir", clama Sergio Roldán.
Por otro lado, también intenta explicar la paradoja de que, en algunas ocasiones, cuando consigue labrar en el campo percibe menos dinero que con la ayuda a desempleados sin derecho a paro. "Gracias a mi familia no debo nada y eso que en mi familia también hay parados". En los últimos días, un tasador valoró su piso puesto que el banco les ofreció la dación en pago total. Ahora, solo espera que la estimación del precio del inmueble le permita resolver su relación el banco y adentrarse en un futuro liberado.
"Los afectados por la hipoteca sufren una muerte civil"
Banco Primus: un banco internacional y multicultural de crédito a particulares, reconocido por la excelencia y rentabilidad, potenciando el intercambio de mejores prácticas en la creación de beneficios y oportunidades para clientes, socios, colaboradores y accionistas.
Con esta atrayente carta de presentación brinda sus servicios el "banco basura" que oprime a Pedro Pablo Córdoba Moreno en la esquina izquierda de la mesa-. Este jubilado de 57 años contrajo un vínculo crediticio con el Banco Primus con el objetivo de liquidar progresivamente unas deudas antiguas que logró reunificar.
Su condición de jubilado, a causa de una enfermedad, retraía a las entidades bancarias convencionales de concederle un crédito. Por este motivo, confió en un "banco especulativo", según la calificación del propio Pedro Pablo. Este cordobés, ahora afincado en Lucena, ya que no puede sufragar ningún alquiler en la capital, avaló el dinero prestado por el Banco Primus con el piso donde ahora habitan su exmujer y tres de sus hijas y con otro inmueble de uno de sus vástagos mayores.
"No me explicaron lo que estaba firmando", lamenta. Cuando Pedro Pablo fue incapaz de seguir respondiendo al crédito y a sus intereses duplicados, el "banco pirata", otro de los adjetivos con el que se refiere al Banco Primus, exigió judicialmente la construcción donde en el pasado Pedro Pablo vivía con su mujer y sus hijas. "Estoy esperando un acuerdo con el banco para negociar un alquiler social".
Luis Ruiz, uno de los representantes de Stop Desahucios en Lucena, y que en la ilustración aparece entre Pedro Pablo Córdoba y Sergio Roldán, comenta que su colectivo "asesora, acoge y da ánimos a la gente". "Contactamos con el Ayuntamiento y con Servicios Sociales, pero a los políticos les cuesta trabajo atender nuestras peticiones". Finalmente, subraya que no pertenecen a ningún partido político. "Apoyamos a todo el que plantea algo humano y razonable", concluye.
MANUEL GONZÁLEZ
