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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un grupo que convenía matrimonios, algunos de ellos en Madrid, para que ciudadanos nigerianos obtuvieran el permiso de residencia en España a cambio de pagar entre 6.000 y 10.000 euros.
INTERVENCIÓN EN LUCENA
Entre las comisarías que han participado en esta importante operación figura la de Lucena. Fuentes del Gabinete de Prensa de la Dirección General de Policía en Madrid han confirmado a LucenaHoy que agentes de la Comisaría de nuestra ciudad procedieron a la detención de un hombre de 42 años de edad, nacido y residente en Lucena, que presuntamente actuaba como enlace o intermediario entre la organización delictiva y mujeres españolas dispuestas a participar en este tipo de matrimonios fraudulentos.
Según ha podido saber este medio, el detenido, al que constan más de 20 detenciones por distintos delitos, estaba reclamado en busca y captura por la comisaría de la ciudad valenciana de Burjasot-Godella, que ha llevado una parte importante de la investigación.
El detenido, uno de los 72 arrestados en toda España, prestó declaración con abogado en la comisaria de Lucena y fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.
72 DETENIDOS Y 546 IMPUTADOS
Durante esta operación han sido arrestadas un total de 72 personas que formaban parte de la organización e imputadas otras 546, implicadas en las regularizaciones fraudulentas, todas ellas identificadas, aunque pendientes de su localización.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en la Comunidad Valenciana, la operación se inició a finales de abril cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la presentación, en un breve espacio de tiempo, de numerosas solicitudes de matrimonio entre ciudadanos nigerianos y mujeres españolas.
Las investigaciones realizadas permitieron averiguar que en la mayoría de los requerimientos coincidían tres domicilios como lugar de empadronamiento de al menos uno de los peticionarios. Además, el trámite del padrón se realizaba en la mayoría de los casos pocos días antes de la boda.
Asimismo, los agentes comprobaron la existencia de un grupo asentado en Valencia dedicado a favorecer la inmigración ilegal. Estos individuos se dedicaban a organizar matrimonios de conveniencia en casi toda España Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Navarra, Extremadura, y Madrid-.
Para ello captaban a mujeres españolas a las que pagaban entre 3.000 y 4.000 euros a cambio de que contrajesen matrimonio con ciudadanos de nacionalidad nigeriana.
La organización estaba compuesta por un número elevado de personas que se ocupaban de forma minuciosa de hacer parecer que los enlaces eran completamente lícitos. Para ello proporcionaban a los inmigrantes en situación irregular todo lo necesario para celebrar el enlace civil o religioso, les indicaban el registro al que debían acudir para la obtención del Libro de Familia y les informaban del lugar donde solicitar la tarjeta de residencia. Los interesados debían pagar a los miembros del grupo entre 6.000 y 10.000 euros para conseguir la tarjeta de residencia de familiar comunitario.
El grado de participación de los organizadores era tal, que incluso si uno de los futuros cónyuges no conocía nuestra lengua, algún compatriota se hacía pasar por él el día de la celebración ante el Juzgado de Paz, el Registro Civil o la Iglesia correspondiente, para no levantar sospechas. También se ocupaban de falsificar documentos emitidos por las autoridades nigerianas para adjuntarlos a las solicitudes matrimoniales.
Tras ser estudiados en diferentes informes periciales, los agentes de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Valencia concluyeron que 104 de los documentos investigados eran falsos. Después de analizar toda la información, los agentes procedieron a la detención de 72 personas y a la imputación de otras 546 relacionadas con la trama, según la misma fuente.
Estas últimas están plenamente identificadas, aunque queda pendiente su localización. Durante el operativo también fue registrado el domicilio del máximo responsable. A los arrestados se les imputan delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, falsedad documental y falso testimonio.
La operación se ha llevado a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Burjasot-Godella, con la colaboración de agentes de Jefatura Superior de Madrid, Comisaría de Parla, Castellón, Camas, Tenerife, Elche, Torejón de Ardoz, Puertollano, Ibiza, San Sebastián y la ya mencionada de Lucena.
