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El Ayuntamiento de Lucena ha sancionado a unos sesenta vendedores ambulantes por instalarse en el mercadillo de los miércoles sin contar con la preceptiva licencia. Así lo ha indicado hoy durante el pleno municipal el concejal delegado de Mercados, Francisco Gómez, respondiendo al concejal del PP, Julián Ranchal, que se había hecho eco de las quejas de los vendedores por la creciente presencia de puestos que carecen de licencia en el mercado lucentino.
En el mismo orden de cosas, el concejal de Hacienda, José Cantizani, señalaba que el equipo de gobierno está estudiando una nueva ubicación para el tradicional mercadillo, dado que el recinto actual se ha quedado pequeño y dificulta las tareas de control. Además, Cantizani explicó que en los últimos meses se ha incrementado la presencia policial debido al aumento de denuncias.
El debate se producía durante el debate de las reclamaciones formuladas a las ordenanzas fiscales, tasas y precios públicosque entrarán en vigor el próximo día 1 de enero. En este sentido, todos los grupos aprobaron la alegación de un vendedor sobre el nuevo modelo de liquidación de la tasa por instalación de puestos en dominio público. Denunciaban los vendedores que la nueva formulación de la ordenanza suponía un incremento de la tasa, aspecto con el que se mostró de acuerdo el PP, cuyo portavoz, Julián Ranchal, calificó la subida como "brutal", indicando que "oscila entre un mínimo del 50% y un máximo del 300%", declaraciones que fueron negadas rotundamente negadas por el concejal de Hacienda, José Cantizani, que aseguró que la redacción inicialmente aprobada "no suponía subida alguna", pese a lo cual se han mostrado de acuerdo en aceptar la alegación.
La diferencia principal entre la redacción previa y la propuesta en las nuevas ordenanzas difiere en que la primera señalaba el pago de dos euros por metro lineal de mostrador, hasta un máximo de seis metros, mientras que la segunda propone el pago de un euro por metro cuadrado, con un máximo de seis d elongitud por dos de profundidad, con objeto de que no paguen igual los vendedores que ocupan el máximo permitido que aquellos que ocupan un espacio menor. El coste en ambos casos es de doce euros.
Sin embargo, el PP considera que la mayor parte de los vendedores ocupan una superficie mayor de esos doce metros, por lo que deberían pagar más. Según Cantizani, esa situación también se producía hasta ahora, ya que los vendedores cuyos puestos superaban los seis metros de longitud eran sancionados por ocupación irregular del dominio público.
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