Empleados de una empresa "desokupa" de Málaga han llevado a cabo esta mañana el desalojo del inmueble número 33 de la calle Huertas, ocupado ilegalmente desde hace varios años, y en el que vivían en pésimas condiciones de salubridad 20 personas de nacionalidad rumana, entre ellas una mujer en avanzado estado de gestación y varios menores.
La empresa había recibido el encargo del propietario de proceder a la expulsión de los okupas, tras no culminar satisfactoriamente hasta el momento el procedimiento judicial iniciado. De hecho, en abril de 2021, la existencia de varios casos de COVID 19 entre los ocupantes, impidió llevar a cabo el desahucio de estas personas, dictado por un juzgado, obligando a la comisión judicial y los agentes que la acompañaban a dar marcha atrás en su pretensión de efectuar el lanzamiento.
Testigo casual de lo ocurrido ha sido el concejal de IU, Miguel Villa, que pese a identificarse como miembro de la corporación municipal –asegura– ha sido "increpado e insultado" por los empleados de la empresa "desokupa" cuando se ha acercado a la vivienda para interesarse por lo que estaba ocurriendo, grabando en vídeo con su teléfono parte del incidente, según ha explicado el edil a este periódico, añadiendo que "aunque es cierto que nadie tiene porque soportar las molestias derivadas de las condiciones lamentables en las que viven estas personas, nadie puede tampoco tomarse la justicia por su mano".
Algo similar ha ocurrido con un trabajador municipal que se desplazó al lugar de los hechos para conocer la situación de los menores y las familias desalojadas, usuarias de los Servicios Sociales municipales, según ha confirmado la concejala delegada de esta área municipal, Carmen Gallardo.
Tanto Gallardo como Villa han indicado a este periódico que la empresa habría utilizado "coacciones y amenazas" para lograr la salida de las familias "okupas", algunas de las cuales afirman haber pagado a un intermediario para entrar al inmueble desokupado, dejando clara la existencia de un "mercado" de viviendas "disponibles para ocupar", una situación de la que ya se contaba con numerosos indicios.
Desde el Ayuntamiento se han dado órdenes para que aquellas personas que no cuenten con otra alternativa habitacional sean alojadas en un establecimiento hotelero hasta el próximo lunes.
Para evitar cualquier incidente más grave, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una decena de agentes de la Policía Local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de los desalojados y de los empleados de la empresa, mientras estos procedían a cerrar el acceso al edificio desalojado, tras haber salido todos los "okupas" con algunas de sus pertenencias.
El edificio contaba con acceso al agua de red a través de una conexión en precario, autorizada por el Ayuntamiento, aunque obtenían suministro eléctrico de forma ilegal y en su interior se acumulaba una importante cantidad de basuras y enseres, generando una situación de insalubridad que ha sido largamente denunciada por los vecinos ante la presencia de malos olores, ruidos y la aparición de roedores. Parte de los desalojados se han dirigido en otras viviendas okupadas en la misma calle Huertas, mientras otras han asegurado que carecían de ningún sitio donde ir.
