.
Como ya adelantó en su reciente visita al centro de la asociación AMARA de Lucena, la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Rafael Obrero, ha exigido hoy al Consejero de Empleo del Gobierno andaluz que asuma su responsabilidad en cuanto a la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), que asciende ya a más de 11´5 millones de euros.
A través de una pregunta oral en el Pleno de la Cámara Autonómica, la diputada cordobesa interrogó al Consejero sobre las medidas que desde su área va a tomar para saldar esta deuda, que está poniendo en peligro más de 4.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual en Andalucía. Esta deuda está provocando la suspensión de pagos, expedientes de regulación de empleo y el cierre de muchos de estos centros, mientras que en el Gobierno de la Junta no hay quien de explicaciones ni quien asuma responsabilidades, comenta Obrero.
Así la diputada cordobesa ha preguntado al Consejero qué ha pasado con los más de 26 millones de euros recibidos de los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2010 para la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo en Andalucía: ¿A dónde ha ido a parar ese dinero, señor consejero? dice Obrero.
Para la parlamentaria carloteña este tapón desde hace dos años está provocando los problemas de financiación y el retraso en el pago de las subvenciones a los centros especiales de empleo. No quieren comisión de investigación, eluden dar explicaciones dentro y fuera de esta cámara y la consigna de su Consejería es tapar las vergüenzas políticas de quienes presuntamente han podido prevaricar, desviar fondos públicos y estafar a los más necesitados, mantiene Obrero, y añade, es lamentable, que en estos momentos de crisis económica, toda la gestión de su consejería se esté centrado en justificar y defender al Gobierno andaluz ante la justicia, y no en lo verdaderamente importante para los andaluces, como es en la creación de empleo.
El Gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de empleabilidad como instrumento para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Plan que está siendo un completo fracaso, ya que desde su aprobación el e paro en nuestra tierra ha ido creciendo un 10% cada año hasta alcanzar el 50% de parados con discapacidad. La Consejería de Empleo no está ejecutando presupuestariamente los programas que en él se contemplan ni se está haciendo el seguimiento necesario para comprobar los resultados.
La realidad es que hay 15.400 personas con discapacidad en paro en Andalucía y 4.000 que pueden perder sus puestos de trabajo, según datos de FEAPS. En la provincia de Córdoba hay 19 centros acogidos a esta confederación que mantienen empleos a 1.213 personas discapacitadas intelectuales.
Para Rafaela Obrero, el Consejero de Empleo se está ganando la medalla al mérito por conseguir el mayor número de manifestaciones y concentraciones a las puertas de este Parlamento, y pasará a la historia por ser el titular de una consejería que ya tiene su sede permanente en los juzgados, que es una bomba de relojería en la que continuamente se destapan nuevos fraudes que vienen a poner en evidencia el abuso de poder que comete el Gobierno socialista y la falta de control absoluto de las subvenciones y del dinero público.
.
.
.
