La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos para 74 detenidos en la operación en la que agentes de la Policía Nacional, junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han desmantelado un supuesto entramado empresarial que habría defraudado más de 700.000 euros a la Seguridad Social, y que estaba centrado principalmente en Córdoba, Lucena y el sur de la provincia.
Según indica Europa Press citando fuentes cercanas a la investigación, todos los detenidos han quedado en libertad con cargos, salvo el presunto cabecilla de la trama que ya estaba en la cárcel cumpliendo una pena por la supuesta comisión de otro delito de carácter socio-económico, concretamente un delito de estafa.
Además, han precisado que se han desmantelado seis empresas "ficticias" con sus sedes sociales en Lucena, que estaban "enfocadas para la construcción de urbanizaciones", donde los contratos de los hombres estaban destinados a la construcción y las mujeres para servicios de limpieza, aunque señalan que "ninguno jamás llegó a trabajar en las empresas, porque era todo una falsa para cobrar subsidios o regularizar su situación en España".
ANTECEDENTES
Según explicó el pasado sábado la Policía Nacional mediante un comunicado de prensa, esta operación se inició a mediados del pasado año, en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, nacional de Rumanía, que acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando así haber acumulado los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo.
Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar que las referidas empresas se habían creado "de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para posteriormente adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa" en España, todo ello "de manera fraudulenta".
Gracias a la investigación conjunta, los agentes pudieron obtener "indicios sólidos y razonables" de que el cabecilla de la organización, coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la "venta a la carta de contratos de trabajo" a tercera personas, "conocedoras de la falsedad de los contratos", por unos 800 euros aproximadamente, "exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían", según la Policía.
Por todo ello, los investigadores han identificado a todos los supuestos implicados en la trama delictiva, habiéndose llevado a cabo, desde el pasado mes de julio hasta la actualidad, la detención de 75 personas –supuestos trabajadores– e imputado a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, si bien algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas como Palma de Mallorca, Málaga, Gerona o Madrid.
Según ha destacado la Policía, el supuesto principal artífice del entramado se encontraba, en el momento de la detención, ingresado en un centro penitenciario por la presunta comisión de otro delito de carácter socio-económico.
El supuesto fraude detectado "supera ampliamente" los 700.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados y deudas a la Seguridad Social. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
