Durante un encuentro con las representantes de las trabajadoras junto a la delegada territorial de Educación, Inmaculada Troncoso, Repullo ha destacado que "nos comprometimos a hacer todo lo posible tanto por restaurar el servicio de limpieza como por velar por los derechos de las trabajadoras ante un problema generado por una empresa privada y no por la administración autonómica".
La delegada territorial de Educación ha anunciado que el contrato con TEMPO ya ha sido resuelto, "un proceso que normalmente suele tardar hasta 3 meses, lo que demuestra la celeridad con la que hemos trabajado desde el Gobierno de Andalucía desde el minuto uno".
Por su parte, el Secretario General Provincial de Educación y Deporte ha mantenido hoy una reunión con los directores de los centros educativos afectados por la huelga para informarles de que la Consejería de Educación ya ha habilitado el crédito que les permitirá contratar empresas de limpieza hasta que se tramite el nuevo contrato.
De esta forma, todas las trabajadoras quedarían subrogadas en estas empresas hasta que se adjudique el nuevo contrato con una empresa de limpieza para los 19 centros educativos –un proceso que podría durar dos meses–, que de nuevo subrogaría a las trabajadoras.
"Los objetivos de estos contratos menores son garantizar la limpieza de los centros educativos y que las trabajadoras no pierdan los derechos adquiridos, ya que si cesara el contrato se quedarían sin relación laboral con TEMPO y no se subrogarían sus derechos con la siguiente empresa", ha afirmado Repullo.
"Nos dimos un plazo de 3 semanas para buscar una solución que salvaguardara los derechos de las trabajadoras y la prestación de servicio, y en 48 horas máximo podrán estar trabajando", ha destacado el delegado del Gobierno, quien ha lamentado que la Agencia Tributaria, dependiente del Gobierno Central, haya optado por despedirlas sin negociación alguna.
En cuanto al pago de las nóminas adeudadas por TEMPO, Repullo ha dicho que "se ha llegado hasta donde la Administración permite. La delegación de Educación ha retenido las cantidades adeudadas, pero no existe herramienta jurídica para que la Administración pueda abonarlas, por lo que estamos analizando si las trabajadoras tienen que recurrir a la vía judicial o a la administrativa".
