La diputada nacional del Partido Popular de Córdoba María de la O Redondo defenderá este martes en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solicitar un plan de ayudas del Gobierno de España para el colectivo de feriantes ante el impacto económico y social del Covid-19.
Redondo ha señalado hoy que esta proposición es fruto de más de un año de reuniones y contactos con el sector, tanto a nivel de Lucena y la provincia de Córdoba como con colectivos de empresarios feriantes de otra zonas de España, con los que se han negociado los principales aspectos de la propuesta.
La diputada popular ha destacado la situación insostenible de un sector que lleva un año y medio sin poder trabajar como consecuencia de la pandemia y cuyas expectativas de futuro inmediato siguen siendo poco halagüeñas. Redondo ha recordado la dramática situación que viven muchos de estos empresarios tras más de un año con "cero ingresos", escasas ayudas y teniendo que hacer frente a múltiples pagos.
La proposición del PP incluye medidas como la puesta en marcha de un Plan bianual que articule sistemas de apoyo a comerciantes feriantes y actividades comerciales bajo modalidades de venta ambulante, dotado en PGE con 75 millones de euros o la creación de una línea ICO complementaria a las ya existentes adaptada a las necesidades y casuísticas de los feriantes, con la excepcionalidad de poder disponer de ella durante los doce meses siguientes a la llamada "normalidad". Además propone la suspensión de la cuota mensual de autónomo hasta el levantamiento del estado de alarma. y una reducción del 50 por ciento de la cuota durante los tres meses siguientes a dicha normalización.
Además los populares pretenden que saga adelante una reducción de la tasa de Seguridad Social para los empleados contratados por los empresarios feriantes en un importe del 50% los 2 primeros meses y aplazamiento de su pago hasta los tres meses desde que se pueda retomar la actividad, así como la inclusión de todos los profesionales que puedan acreditar que no pueden ejercer su profesión por la suspensión de las ferias, en la prestación otorgada a todos los trabajadores por cuenta propia, aunque en el momento del decreto no se encontrasen dados de alta en RETA.
Con respecto los trabajadores contratados por los empresarios feriantes acogidos a un ERTE de fuerza mayor, los populares solicitan que se mantengan en esta situación hasta que se reanude la actividad con total normalidad.
Otras medidas propuestas se refieren a la negociación de acuerdos entre gobierno y aseguradoras para paralizar las pólizas de Responsabilidad Civil y vehículos hasta que el sector pueda volver a funcionar. María de la O Redondo también ha indicado la necesidad de que la FEMP elabore un Protocolo para el reinicio de la actividad del colectivo de feriantes que contenga las medidas a aplicar para minimizar el riesgo de contagios por COVID 19, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias o la constitución de una Mesa de Diálogo con las Administraciones Públicas para atender la problemática del sector.
La diputada del PP por Córdoba ha reconocido que estas medidas deben ser complementarias con las adoptadas desde otras administraciones, como la propia Junta de Andalucía, de la que dependen, por ejemplo, solicitudes del colectivo como la paralización de la ITV para unos vehículos que, en su inmensa mayoría, no han salido a la carretera desde hace más de un año, o el estudio de alternativas a las ferias tradicionales que permitan progresivamente la vuelta a la actividad del sector, cumpliendo en todo momento con los protocolos sanitarios.
Redondo señalaba que desconoce cómo van a posicionarse el resto de formaciones políticas sobre esta proposición, que, a día de hoy, no ha recibido ninguna enmienda por parte de otros partidos.
