El PP de Lucena ha exigido hoy al equipo de gobierno que expliquen "porqué han puesto en la calle" a la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM), con la que el consistorio mantenía desde hace 22 años la cesión de local municipal en la calle Jaén y un convenio que le permitía atender a una veintena de personas con estas patologías, la mayoría de ellos vecinos de nuestra ciudad.
El portavoz municipal del PP, Francis Aguilar, ha señalado que este convenio no suponía coste alguno para el ayuntamiento más allá de la cesión del local, toda vez que Faisem aportaba al consistorio 31.000 euros anuales para el pago de las dos monitoras municipales que atendían a los pacientes con cargo a dicha aportación.
Según Aguilar, el decreto de Alcaldía de denuncia del convenio indicaba que "el objeto del mismo no encardina en ninguna de las competencias que tienen los ayuntamientos", situación que, según el portavoz popular, sería extrapolable "a la mayoría de los convenios que el consistorio mantiene con otros colectivos locales, sin que ello haya supuesto la denuncia de los mismos".
Aguilar ha asegurado que el Ayuntamiento se mostró dispuesto a mantener el convenio si Faisem se subrogaba en los contratos de las dos monitoras, a lo que la fundación se negó, dado que cuenta con personal propio para dicho fin. La negativa a aceptar esa condición supuso también que el ayuntamiento diese por concluido el acuerdo de Junta de Gobierno de 2013 por el que se cedía a Faisem el local de la calle Jaén y el anuncio de que, a partir del 1 de enero deberían satisfacer a la empresa municipal Suvilusa 800 euros al mes por el uso del mismo, sin mediar contrato –según los populares–
Ante esta situación, Faisem optó por abandonar Lucena y pedir unas instalaciones al ayuntamiento de Cabra, donde han trasladado sus instalaciones, con el consiguiente perjuicio para los pacientes lucentinos que atendían y que ahora deben trasladarse diariamente a la localidad vecina.
Para el PP "lo sucedido con Faisem, una entidad que ha realizado siempre una gran labor, constituye un atropello" del que culpan directamente "al alcalde, Juan Pérez, y la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, que tanto alardea de sensibilidad con los más necesitados".
Como ejemplo de esa "insensibilidad" con Faisem, el PP ha señalado que "pese a que la fundación cerró el centro con el estado de alarma y solo pudo volver en mayo para recoger sus pertenencias, Suvilusa le ha girado una factura de 5.800 euros en concepto de alquiler del local que tenían cedido, correspondientes a las mensualidades de enero a junio", factura que Faisem no ha abonado, puesto que no le ha sido comunicada la derogación del acuerdo de cesión firmado en 2013 ni ha firmado contrato de alquiler alguno con Suvilusa.
Aguilar ha indicado que, si grave es esta situación, lo es también que la oposición no haya tenido conocimiento de la misma en ninguna comisión por parte de la edil de Servicios Sociales, por lo que hoy mismo ha presentado por Registro de Entrada municipal un escrito "para pedir a pedir la comparecencia pública de Carmen Gallardo en un pleno, para que de cuenta de todo lo que ha ocurrido con Faisem y pedirle responsabilidades".
