El Partido Popular ha denunciado esta mañana la "pasividad" y "falta de valentía" del equipo de gobierno municipal para exigir al Banco de Santander la eliminación de las barreras arquitectónicas que presenta su única sucursal en Lucena, en la céntrica calle El Peso.
La edil del grupo municipal del PP, Rosario Valverde, ha señalado hoy que el citado banco lleva tres años haciendo caso omiso de sus obligaciones para garantizar la accesibilidad universal de su oficina, sin que el Ayuntamiento le haya exigido de forma efectiva la subsanación de esta incidencia, como sí ha hecho con numerosos establecimientos comerciales de nuestra ciudad.
Valverde ha hecho un pormenorizado repaso a la secuencia de actuaciones y requerimientos realizados a la entidad financiera desde 2018. A esas peticiones ha contestado el banco con distintos argumentos, en un intento de dilatar los plazos, ante la expectativa futura de contar a medio plazo con una nueva sede. Según la edil popular, en algunos momentos ha sido el propio equipo de gobierno el que ha contribuido a retrasar una solución a este problema.
En noviembre de 2020 el PP puso de manifiesto en la comisión de Urbanismo "el trato desigual que se le está dando a este establecimiento en relación con otros de nuestro municipio", rogando el requerimiento inmediato para la adecuación del local, o en caso contrario la revocación de la licencia y la clausura del mismo.
Ese requerimiento llegó a producirse, adviritiendose al banco de la imposición de multas coercitivas, "sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancionador y la posible clausura del establecimiento". La entidad contestó iniciando las obras para la instalación de una plataforma salvaescaleras que más tarde paralizó. No obstante desde el Ayuntamiento se advirtió que esa actuación era inviable, toda vez que suponía una invasión del dominio publico. La alternativa planteada fue denegada y la entidad presentó un recurso contra esta decisión.
Así las cosas en marzo se realizó un nuevo decreto ordenando la solución de los problemas de accesibilidad en un plazo máximo de 3 meses, aunque el mismo no pudo enviarse dado que, previamente, era preceptivo contestar el recurso presentado por el banco. Según los populares, a 15 de septiembre consta que esa respuesta estaba firmada por los técnicos municipales pero no por el alcalde, por lo que, presumiblemente, tampoco se ha enviado el nuevo requerimiento.
Entre tanto el Banco ha solicitado licencia de obras para sus nuevas oficinas, aunque según el PP, su entrada en funcionamiento podría demorarse aún por espacio de dos años.
Además, estos hechos han sido denunciados ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la plataforma "Cota 0". Esta institución ya ha solicitado al Ayuntamiento información sobre la situación de este procedimiento ante el flagrante incumplimiento de las normativas vigentes en materia de accesibilidad.
Rosario Valverde se preguntaba hoy "porqué a cualquier comerciante se le obliga a actuar de forma inmediata y a este banco se le permite seguir abierto tres años después" de la entrada en vigor de la normativa. Para los populares, el PSOE y el banco "estan jugando a tirarse la pelota" a falta de una decisión política concluyente para clausurar unas instalaciones que incumplen la ley.
