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En una nota de prensa bajo el título "Hora extras y servicios especiales: la vida sigue igual", la sección sindical de USO en el ayuntamiento de Lucena asegura que, a pesar de lo anunciado el pasado día 14 de septiembre por el AlcaldeJuan Pérez en relación con la ordendada a la Jefatura de la Policía Local de suspensión de los serviciosespeciales acordados de manera tácita por el alcalde en funcionesMiguel Villa con el resto de organizaciones sindicales, al día de lafecha los hechos corroboran que este anuncio no era del todo cierto oel paso del tiempo lo ha ido dejando en aguas de borrajas.
Según USO, entre la documentación que contradice lo afirmado por el regidor lucentino cabe destacar su propio Decreto de fecha 14 de noviembre por el que destina 5.135 en concepto de trabajos extraordinarios autorizados con anterioridad con el reparto entre los agentes de cantidades en torno a los 210 euros así como la convocatoria de la llamada Mesa de Trabajo de la Policía Local efectuada con fecha 30 de octubre de 2012 por la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, en cuyos puntos 3º y 4º del Orden del Día se incluyen el estudio de la "bolsa horas extraordinarias año 2013" y la "Realización Servicios Especiales año 2013".
Para la sección sindical "además de contradictorio, todo ello resulta irregular al desviarse el tratamiento de estos asuntos de la Mesa General de Negociación que es el órgano legalmente establecido para su dictamen- a una llamada Mesa de Trabajo compuesta exclusivamente por miembros del equipo de Gobierno y Policía Local".
USO recuerda que "el pasado 22 de agosto Miguel Villa, como alcalde en funciones, firmaba un escrito dirigido al Inspector Jefe de la Policía Local por el que ordenaba la realización de servicios especiales, que en definitiva vinieran a paliar parte de los recortes salariales ocasionados a estos funcionarios como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 del ejecutivo central, sobre ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas", y que el 14 de septiembre el alcalde Juan Pérez afirmaba ante los medios de comunicación que quedaba sin efecto dicha orden, "zanjando de esta forma su compromiso de estudiar la aplicación de medidas similares al resto de empleados públicos, tan víctimas como los primeros de dichos recortes".
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