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"O hacemos esto o nos vamos al concurso de acreedores". Así de contundentemente se expresaba en la noche de ayer el alcalde de Lucena, Juan Pérez, refiriéndose a la empresa municipal de suelo y vivienda, SUVILUSA, a propósito de un punto del pleno en el que acordaba la modificación de los plazos inicialmente estipulados para que el ayuntamiento pague a la empresa las cuatro viviendas adquiridas por SUVILUSA en la avenida Corazón de Jesús para facilitar la construcción de la ronda de circunvalación de la zona oeste de la ciudad. Con el cambio en la fórmula de pago aprobado, el ayuntamiento satisfará aSuvilusa antes del 31 de diciembre 85.000 euros de lo que ya haadelantado 44.125. El resto de cantidades se irán liquidando endistintos pagos parciales hasta finales de 2013, con un último tramo de188.000 euros, el más elevado.
Pérez indicó que la situación de la empresa es dramática. "No se pueden vender más pisos y no llegan las subvenciones, estamos atrapados y no hay más margen de maniobra" aseguró el regidor lucentino para explicar las razones del adelanto de los pagos, que se destinarán a completar la devolución del cincuenta por ciento de las cantidades adelantadas a los adjudicatarios de las viviendas construidas en El Zarpazo y el PPO1 que finalmente tuvieron que renunciar a sus pisos al no poder acceder a créditos.
Pérez dijo que "el concurso de acreedores sería lo último" y aseguró que "estamos trabajando para salir de esta situación, conscientes de que solo con que se vendieran 20 de las 58 viviendas de las que disponemos podríamos salvar la situación".
Pérez contestaba así al portavoz del PP, José María Morillo-Velarde, que puso en tela de juicio la medida, asegurando sarcásticamente que "es una maravilla gestionar una empresa en la que cuando hace falta dinero se le pide al ayuntamiento porque su gerente y el alcalde son la misma persona". Morillo-Velarde dijo que "Suvilusa no tiene un duro, pero ha pagado indemnizaciones de 30 días por año a los tres trabajadores despedidos", por encima de los 20 que marca la ley tras la reforma realizada por el PP, "cuando un juzgado habría entendido las causas económicas objetivas que motivaron esos despidos". Según el portavoz popular "en Suvilusa se plantearon directamente 30 días de despido por año trabajado, lo que además supone un agravio comparativo con otros trabajadores despedidos a los que se pagaron 20 días".
Pérez le contesto indicando que las indemnizaciones negociadas con dos de esos empleados el tercero ha recurrido suponen una tercera parte de lo que habría podido tener que pagar la empresa.
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