El pleno municipal celebrado ayer nos dejó la paradójica situación de dar luz verde al "lanzamiento" de una familia de "okupas" de una vivienda municipal, formada por cuatro adultos y tres menores de edad, en la misma sesión en la que se declaraba a Lucena como "Ciudad comprometida contra los desahucios".
El primero de estos asuntos dió lugar a un extenso debate sobre si debe primar en este caso la defensa de los derechos de los pequeños o la obligación del ayuntamiento de recuperar el patrimonio usurpado por la fuerza por los ocupantes del inmueble, que además da un importante servicio público, aunque en el momento de su ocupación se encontrase vacío.
Entre tod@s sí se puede Lucena (ETSSPL) e IUCA votaron en contra de este desahucio, mientras que PSOE y PP lo hicieron a favor de la propuesta del equipo de gobierno y Ciudadanos votó en abstención, aunque posicionándose en favor de las tesis de socialistas y populares.
ETSSPL presentó una enmienda a la propuesta del gobierno local solciitando la paralización de la orden de desahucio hasta que el ayuntamiento pueda garantizar a la familia una vivienda alternativa para que los tres menores no se vean en la calle. Su portavoz, Vicente Dalda, anunció que esta actuación va contra distintos artículos de la Constitución Española, la Ley de Protección de Menores o la Declaración de Derechos Humanos y que ha dado cuenta de la misma a la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía, que habría comunicado al portavoz de esta formación política que actuará de oficio en caso de materializarse.
En idéntico sentido se manifestó IUCA. Según Carlos Villa, la propuesta de desahucio salva un problema generando otro, y debería prevalecer la protección de los menores, por lo que consideró que, con la aprobación de este tema "se podría estar incurriendo en alguna irregularidad grave", por lo que pidió que se ofrezca una vivienda municipal a la familia con carácter previo a su desahucio.
Por su parte, Ciudadanos, justificó la abstención de su partido en el hecho de que la propuesta del equipo de gobierno no llega a definir con claridad las medidas que se adoptarán para salvaguardar la protección de los tres niños que podrían residir en la vivienda ocupada. No obstante, Purificación Joyera se mostró favorable a la expulsión del inmueble, habida cuenta del uso social del mismo y de que, según consta en el expediente, la familia ha hecho caso omiso a los intentos de mantener un contacto para estudiar el caso por parte del personal de Servicios Sociales, que ha intentado fijar una cita hasta en cinco ocasiones sin éxito.
A el mismo sentido, el portavoz del PP, Paco Huertas, llegó a poner en duda que los menores residan en el inmueble ocupado y señaló que la familia ni siquiera está inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, por lo que difícilmente se le puede otorgar una vivienda de carácter social a quién no la ha solicitado, situación en la que sí se encuentran en estos momentos hasta un centenar de familias lucentinas, según acreditó la concejal responsable de Suvilusa, Araceli Bergillos.
Cerró el debate el alcalde, Juan Pérez, asegurando que "no se va a dejar desamparados a los menores, porque existen mecanismos de respueta inmediata par evitarlo, incluida la posibilidad de otorgarles una vivienda si les correspondiese la misma en virtud de los baremos exigibles para ello". Pérez recordó que en Lucena "existen muchas familias con menores con necesidades similares y que acceden a una vivienda social por el régimen reglamentario" y que preservar la propiedad municipal "es una obligación nuestra", indicando que "la vivienda no estaba vacía, tiene un fin muy concreto y su ocupación es un delito". Para el regidor lucentino "es compatible defender los intereses de los menores y preservar los inmuebles municipales".
Posteriormente, en el tramo final del pleno se aprobaba una moción presentada por PSOE e IUCA, por la que se declara a Lucena "Ciudad comprometida contra los desahucios" y en la que se proponen cuestiones como la ya anunciada puesta en marcha de una oficina de información antidesahucios o la creación de un banco de vivienda social para ofrecer alternativas a familias desahuciadas. Además, entre otras medidas, el ayuntamiento se compromete a no ofrecer colaboración para desahucios bancarios por impago e intentar negociar la paralización de aquellos desahucios que afecten a familias en situación de riesgo de exclusión social. Todos los grupos se mostraron de acuerdo con la medida.