Para PSOE e IU se trata de una decisión "insensible", a la vez que "perjudicial", sobre todo en los núcleos rurales, ya que estas oficinas prestaban un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes en gestiones como la tramitación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, a la vez que registraban las alegaciones, aplazamiento o fraccionamiento de pagos.
Las dos formaciones políticas proponían "mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, instar al consejero de Hacienda para que el organismo competente firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía, manteniendo los puestos de trabajo, con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio, incluido el servicio de asesoramiento para realizar la declaraciones del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".
El convenio al que se refiere la moción es el suscrito en su día entre la Junta de Andalucía y los Registros de la Propiedad de 91 municipios de todas las provincias andaluzas, que pasaban así a encargarse de la gestión, liquidación y recaudación de los impuestos. Dicho convenio finalizaba el 31 de enero pasado y fue renovado con modificaciones el 2 de enero. Segun estas dos formaciones, "PP y Ciudadanos han planteado un cambio en el modelo hasta ahora vigente y en el que solo 24 oficinas de toda Andalucía serán las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y comprobaciones tanto de muebles como inmuebles. Las 67 oficinas restantes, incluida la instalada en Lucena, se quedan sin apenas competencias y serán meros registros de entrada (oficina-buzón) y los usuarios de estos servicios tendrán que desplazarse hasta alguna de las oficinas que quedan abiertas en nuestra provincia en Córdoba, Priego o Posadas".
Para PSOE e IU esta reforma "es un auténtico atropello, que en sus primeras semanas de implantación ya está siendo muy criticada por los ciudadanos; ya que en muchos casos además del problema del transporte se suma el acceso limitado a la gestión de procesos telemáticos". Asimismo, ambas formaciones muestran su preocupación por la "grave situación de incertidumbre laboral en la que en la actualidad se encuentran los 400 empleados y empleadas que hasta ahora se encargaban de estas tareas".
LA OPOSICIÓN, EN CONTRA
La moción encontró el rechazo unánime de los grupos de la oposición PP, Ciudadanos y Vox. Todos ellos coincideron en asegurar que el nuevo convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Colegio de Registradores de la Propiedad el 2 de enero pasado garantiza la continuidad de todas las oficinas liquidadoras que funcionan en la provincia, entre ellas la de Lucena y que las modificaciones en el convenio anterior responden al interés del nuevo Gobierno andaluz por lograr un servicio administrativo más moderno, eficaz y cercano al ciudadano, adaptando a las nuevas necesidades los servicios de gestión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se prestan en estas oficinas y acusando a PSOE e IU de desinformar a la sociedad lucentina de forma malintencionada. Según PP y Ciudadanos la moción aprobada está plagada de mentiras.
Juan Pérez cerró el debate instando a los portavoces de PP y Ciudadanos, Francis Aguilar y Jesús López, a acudir a la Oficina Liquidadora de Lucena y comprobar que desde la entrada en funcionamiento del nuevo convenio la misma se limita a recibir documentación, siendo imposible realizar una liquidación, para lo cual es necesario trasladarse a Priego o la capital cordobesa.
