El pleno municipal rechazó ayer la moción "para la garantía de la seguridad y convivencia vecinal frente a la ocupación ilegal de viviendas" presentada por Ciudadanos. Pese a que todos los grupos mostraron su preocupación por el fenómeno de la ocupación de propiedades privadas y reconocieron la existencia de una elevada alarma social en torno a este tema, IUCA y Vicente Dalda coincidieron en que la moción criminaliza y sitúa en un nivel similar a familias en riesgo de exclusión social, que se ven abocadas a ocupar una vivienda por una necesidad perentoria y urgente y a los grupos organizados que ocupan edificios enteros que luego alquilan de forma totalmente ilegal, mientras que el PSOE añadió a estos argumentos que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado definitivamente en el mismo pleno de este martes ya localiza el problema y la ubicación de los núcleos de vivienda ocupada y propone un plan de actuación temporalidad y con un estudio de su coste económico.
Solo el PP mostró su apoyo a la moción de Ciudadanos, que incluye tres puntos, destacando la creación de una comisión especial con participación de las distintas fuerzas de seguridad, un trabajador social, un miembro de cada grupo político y un representante vecinal para "tener una idea cabal del conflicto y arbitrar soluciones y medidas concretas" y recoge la necesidad de "reforzar la presencia policial en lugares donde hay constancia de la existencia de viviendas ocupadas" y de elaborar, en el plazo máximo de tres meses, de un censo de las mismas, en el que se indique tanto los casos aislados como aquellos en los que se tiene constancia de la existencia de "mafias u organizaciones que ocupan edificios enteros y después actúan como arrendatarios de los pisos".
Cabe señalar que el propio Secretario de la corporación municipal expresó la imposibilidad de crear la comisión solicitada por Ciudadanos, indicando que debería adquirir la forma de "consejo sectorial", algo inviable a estas alturas de mandato corporativo, cuando apenas restan dos meses para la elección de un nuevo gobierno municipal.
Respecto al incremento de la vigilancia, Fran Adame, concejal de Seguridad Ciudadana acusó a Ciudadanos de "oportunismo político" con la presentación de esta moción y se mostró en contra de cualquier "patrulla especial" sobre este tipo de propiedades ocupadas. añadiendo que son los bancos, propietarios de la mayor parte de las promociones afectadas por este fenómeno, "quienes deben velar por la seguridad de las mismas en lugar de abandonarlas".
El portavoz de Ciudadanos, Jesús López aseguró que en el pleno se sientan "quienes a pesar de saber la dificultad que entraña actuar sobre el fenómeno ocupa queremos hacer algo, siquiera para empalizar con los vecinos afectados, y quienes solo quieren escurrir el bulto".
Finalmente PSOE e IUCA votaron en contra, PP y Ciudadanos a favor y Dalda se abstuvo, tras no aceptarse por Ciudadanos una modificación de la moción ante la evidencia de que no iba a salir adelante.
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Lucena
Según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Lucena, aprobado por el pleno ayer, en Lucena existían a finales de 2017 unas setenta viviendas ocupadas ilegalmente, aunque distintas fuentes consultadas cifran este número en más de un centenar en estos momentos.
La mayor parte de estos pisos "okupas" corresponden a edificios terminados desde hace algunos años y que, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, no encontraron salida en el mercado, pasando a manos de los bancos que financiaron a las promotoras que los construyeron. Núcleos de este tipo se pueden encontrar en las calles Pedro Izquierdo, con una promoción de 13 viviendas ocupadas, Huertas, con 11 pisos o Catalina Marín, con otros 6, todas ellas en zonas del centro urbano. El resto se distribuyen de forma desordenada por distintos puntos del casco urbano, especialmente en la zona oeste del municipio.
Los redactores del plan consideran que que es necesario plantear medidas de control y hacer un seguimiento de los pisos ocupados ilegalmente "que suponen en la localidad un número importante, generando por un lado un efecto llamada y poniendo en peligro a las personas por el uso inadecuado de las instalaciones en las viviendas".
El plan, basado en los datos aportados por los Servicios Sociales Municipales y entidades como los juzgados, Suvilusa, Policía Local, Cruz Roja o Lucena Acoge, se refiere explícitamente a los distintos incendios que se han venido produciendo a lo largo de los últimos meses en algunas de estas promociones ocupadas, principalmente como consecuencia de la manipulación ilegal de las redes de suministros básicos como fluido eléctrico o agua, para realizar enganches. A ello se suman las molestias que suponen para el vecindario, generando problemas de convivencia y frecuentes riñas, que son atendidas por los efectivos policiales locales, como ocurrió la pasada semana en un bloque "okupa" de la calle Catalina Marín.
En relación con esta problemática, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, propone la adopción de medidas tendentes a la eliminación de estos núcleos de vivienda ocupada tras la realización de un estudio para analizar el problema de forma cualitativa (causas, origen de los ocupantes, localización, etc.), estudio que el documento municipal valora en unos 17.000 euros.
Entre las medidas a adoptar se propone la invitación a las entidades bancarias propietarias a revertir la situación de estos inmuebles vacíos, incrementando el cupo de viviendas que destinan al alquiler social. Asimismo se señala la necesidad de adaptar y adecuar algún edificio de titularidad municipal como albergue de acogida o el apoyo a colectivos como "Lucena Acoge", que ofrece alojamiento a inmigrantes y personas refugiadas.
