.
Aunque el de ayer estaba llamado a ser el pleno de los presupuestos municipales, fue la situación de los 130 trabajadores de Servimán tras la decisión del pleno del 29 de octubre de disolver la empresa municipal empresa la que acaparó mayor debate en un salón en el que podía verse la presencia de medio centenar de empleados de la citada mercantil.
Hasta tres asuntos concernientes a Servimán fueron objeto de pugna política.
Entre ellos, el que generó más debate fue la decisión del PP de presentar recurso de reposición contra el acuerdo plenario, que supone la incorporación de todo su personal al ayuntamiento de Lucena como laboral indefinido.
Como ya señaló LucenaHoy el pasado lunes, el recurso del PP argumenta que la absorción de los trabajadores por el consistorio va en contra del Real Decreto Ley 20/2011 y ley 17/2012 de los Presupuestos del Estado para 2013, que establecen limitaciones para la contratación de personal de obligado cumplimiento. Para el PP "si el cambio de gestión lleva implícito la ampliación de la plantilla municipal por incorporación de los trabajadores de la mercantil que se disuelve, se está vulnerando abiertamente la normativa legal". Para el PP existen dudas amparadas en sentencias judiciales sobre la viabilidad legal de que el ayuntamiento se subrogue en los contratos de la mercantil Servimán, al no haberse celebrado los contratos de la empresa municipal bajo las condiciones de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Por todo ello los populares solicitan la nulidad del acuerdo plenario del pasado día 29 de octubre.
Ya en su día el PP solicitó que la decisión fuese trasladada para su dictamen previo al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, a lo que no accedió el equipo de gobierno, por lo que esta formación abandonó la sesión plenaria, entendiendo que el equipo de gobierno no les dejaba opción a votar, al carecer de los informes suficientes que demostraran la legalidad del asunto que se trataba. Pese a ello, la postura de los populares quedó oficialmente consignada como abstención.
El informe jurídico que firma el vicesecretario de la corporación municipal indica que esta formación no estaría legitimada a presentar dicho recurso "al no haber votado en contra del citado acuerdo". Según el informe "el recurrente manifiesta que el acuerdo se adoptó sin el apoyo de su grupo, lo que sin embargo no basta a efectos legitimatorios, pues se requiere de forma inexcusable el voto en contra", por lo que se propone la "inadmisión" del recurso "por falta de legitimación".
Ante esta situación el portavoz del PP, Manuel Gutiérrez, había anunciado la posibilidad de llevar este tema al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Ayer Gutiérrez volvió a defender que el PP no se ha manifestado a favor o en contra de la decisión de disolver Servimán, sino de pedir las máximas garantías y terner la seguridad jurídica de que la propuesta planteada por el equipo de gobierno es legal, sobre lo que manifestó serías dudas. Para Gutiérrez, su recurso defiende los intereses de los empleados, por lo que lamentó que "algún 'comisario político, concejal de esta corporación", haya intentado trasladar a los trabajadores de Servimán que el PP está en contra de ellos" por defender que se clarifique la legalidad de estos acuerdos.
El presidente de Serviman y primer teniente de alcalde, Miguel Villa, acusó al PP de pretender "sorber y soplar" a un tiempo, declarándose defensor del mantenimiento de los puestos de trabajo de los actuales empleados de Servimán y amenzando con recurrir a los tribunales para que sean estos quienes dicten la legalidad o no del procedimiento utilizado para la disolución de la empresa e integración de su plantilla en el consistorio.
Para el presidente de Servimán, la legalidad del proceder del equipo de gobierno es "clara" y amparada por distintos informes jurídicos, por lo que pidió a los empleados que estén "totalmente seguros" de la estabilidad de sus puestos de trabajo y retó al líder de la oposición a decir abiertamente si recurrirá la decisición ante los tribunales.
Finalmente el recurso fue desestimado. Ahora el PP deberá decidir si da traslado del acuerdo de disolución de la empresa al juzgado.
LISTAS DE EXPECTANTES
Un segundo asunto relativo a Servimán llegaba por vía de urgencia. Se trataba de la decisión de aceptar desde el Ayuntamiento las listas de expectantes de Servimán bolsa de trabajo constituida por personas que han superado un proceso selectivo previo y que tienen derecho a completar hasta seis meses de trabajo en función de las necesidades puntuales de la empresa .
El asunto había sido dictaminado desfavorablemente en la comisión de contratación tras un informe del Secretario de la Corporación, sin embargo ayer se aprobada tras un segundo informe, esta vez del Vicesecretario, que argumenta que el Ayuntamiento es sucesor de todos los derechos y obligaciones de Servimán, incluidas estas listas.
El concejal del PP, José María Morillo-Velarde se quejó de que el asunto no hubiese sido puesto en conocimiento de su grupo con anterioridad, responsabilidad que asumió como propia el alcalde, Juan Pérez, lo que tampoco convenció a los populares, que se quejaron de la reiteración de este tipo de situaciones.
Para el PP la decisión supone una discriminación frente al resto de negociados del ayuntamiento, que no cuentan con bolsas de trabajo, y vulnera la legalidad, al no atender las fórmulas legalmente admitidas para acceder al empleo público ni la libre concurrencia.
Por su parte, Miguel Villa aseguró que los procesos selectivos superados por esos trabajadores cumplían con la legalidad vigente y contaron con observadores del propio PP para garantizar su transparencia, por lo que defendió la obligatoriedad de respetar los derechos adquiridos por quienes superaron las pruebas y están a la espera de completar sus seis meses de trabajo.
REGULARIZACIÓN LABORAL
Finalmente, en otro punto de la sesión se aprobaba la regularización de unos 25 trabajadores de Servimán que empezaron a trabajar entre 2004 y 2006 mediante contratos de obra y servicio y que aún hoy continuan empleados para su conversión en personal indefinido, al encontrarse sus contratos en fraude de ley, por haberse superado los tres años de contratación sin adquirir fijeza en el puesto en la empresa municipal.
Julián Ranchal, del PP, asumió la necesidad de proceder a esta regularización por imperativo legal, pero denunció la gestión de este tipo de contratos por el PSOE y pidió que estas situaciones, que afectan a otros muchos trabajadores municipales, no se produzcan en el futuro.
El concejal de Personal, José Cantizani, indicó que esas medidas ya se están adoptando, mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, recordó al PP que situaciones similares tambien se produjeron durante su periodo de gobierno municipal y que dichos trabajadores ya fueron regularizados de idéntico modo en su día.
.
