Partido Popular, Ciudadanos e IULVCA impidieron este martes con sus votos que el pleno municipal que se produjese la ratificación del "protocolo general de actuación" entre el Ayuntamiento de Lucena y el Servicio Andaluz de Salud para la construcción del hospital de Lucena, firmado por el alcalde, Juan Pérez el pasado 13 de noviembre y pendiente de su paso por el pleno.
El citado protocolo incluye una serie de compromisos por parte del ayuntamiento de Lucena como son dotar a la parcela de suministro de agua potable, con caudal y presión suficiente, suministro de energía eléctrica, así como evacuación de aguas a la red pública y red de telefonía. También compromete al consistorio a desplazar la línea de alta tensión existente en la parcela fuera de la misma y a asumir el compromiso de eximir de tributos al nuevo Centro Sanitario una vez que el bien pase a integrar el patrimonio autonómico, actuaciones que según una primera valoración podrían suponer un coste superior a los 500.000 euros.
El protocolo no fue publicitado ni llevado a pleno en su día por decisión de los grupos de la oposición, que consideraron que el documento podía tener un carácter electoralista en plena campaña electoral de las Elecciones Andaluzas del 2 de diciembre. Esos mismos grupos facultaron al regidor lucentino a firmarlo y dejar pendiente su ratificación en el pleno tras las elecciones, como así ocurrió, surtiendo inmediato efecto en forma de anuncio de la licitación de la redacción del proyecto del centro hospitalario lucentino.
Sin embargo, ahora los mismos grupos consideran que carece de lógica ratificar el compromiso suscrito por el alcalde con un gobierno en funciones, más aún cuando todo apunta a un cambio de las formaciones políticas situadas al frente del mismo. Además, Partido Popular, Ciudadanos e IULVCA coincidieron en señalar que el protocolo no surte efecto jurídico alguno e incluye cláusulas ilegales como la relativa a la exhoneración del pago de impuestos municipales.
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, calificó la posición de los grupos de la oposición como "falta de lealtad institucional" e "irresponsabilidad" y aseguró que la decisión incluso podría dar lugar a que la Junta de Andalucía retire la licitación publicada. Las reiteradas peticiones de Pérez para que el asunto fuese abordado no surtieron efecto y el asunto quedó sobre la mesa y deberá ser abordado, en todo caso, en el pleno ordinario de enero, fecha en la cual es previsible que se haya constituido el nuevo gobierno autonómico.
El concejal no adscrito, Vicente Dalda, que no fue invitado a participar en la reunión en la que se adoptaron estas decisiones, calificó estos hechos como "confabulación" y "falta de transparencia total".
