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El Juzgado Nº 1 de lo Social de Córdoba ha fallado a favor del ayuntamiento de Lucena en la demanda interpuesta por las trabajadoras de la Guardería Temporera de Las Navas del Selpillar, cuyos contratos se extinguieron al decidir el equipo de gobierno el cierre del servicio debido a su elevado coste económico, la ausencia de las subvenciones al amparo de las cuales fue creado en su día y el escaso número de alumnos que venían asistiendo al mismo.
Las demandantes solicitaban la declaración de nulidad o improcedencia de los despidos, aspecto que ha sido denegado por la autoridad judicial, según ha confirmado esta tarde el concejal de Servicios Sociales, Carlos Villa, a preguntas de LucenaHoy.
De la sentencia se desprende que quedaron en su día acreditadas las causas por las que se suprimía el servicio de Guardería Infantil en Las Navas del Selpillar, dado que este aspecto no ha sido alegado por las trabajadoras. La sentencia entra tan solo a valorar lo aducido por las trabajadoras en cuanto a su recolocación, declarando que la amortización de los puestos de trabajo es ajustada a derecho.
En cuanto a la petición de las trabajadoras de ser recolocadas, reconoce el Juzgado de lo Social que ello tiene que llevarse a cabo dentro del ámbito de organización reconocido por ley a la propia Administración Local Ayuntamiento de Lucena, y siempre que sea "necesario y posible",circunstancias estas que no se daban en los puestos amortizados por razones ya explicadas públicamente en su día por el Equipo de Gobierno,
Igualmente, en los fundamentos de la sentencia. se reconoce que los trabajadores que ocupen puestos de trabajo temporales, podrán adquirir en determinados casos la condición de indefinidos, que no fijos, debiendo la Administración decidir sobre la cobertura de las plazas mediante proceso selectivo bajo los principios de igualdad, merito y capacidad, o bien amortizar las plaza .
En definitiva, la sentencia viene a dar la razón al Ayuntamiento de Lucena, al que se le reconoce su capacidad de organización, considerando que ha cumplido con todas sus obligaciones legales en cuanto al fondo y a la forma de llevar a cabo la amortización de los puestos de trabajo.
Este asunto fue aprobado a primeros de año por el pleno tras una intensa polémica entre el equipo de gobierno y el PP, que votó en contra de la medida. El gobierno municipal decidió que los despidos se produjesen por "causas económicas objetivas", modificando su decisión inicial de no satisfacer indemnización alguna a las tres empleadas, siguiendo los informes jurídicos que defendían que se trataba de "personal indefinido no fijo" lo que permitió a las tres trabajadoras una profesora, una auxiliar puericultora y una cocinera recibir una indemnización de 20 días por año de trabajo.
Según Carlos Villa, "pese a la tristeza que supone cualquier despido, la decisión se basó en informes tanto económicos como técnicos, que dejaban claro que el servicio no era viable". El presupuesto de la guardería para este año ascendía a más de 58.000 euros para seis meses de apertura y siete niños inscritos, lo que hacía que el coste del servicio para las arcas municipales lleguase hasta los 1.163 euros por mes y niño, ya que el centro no contaba con ningún tipo de subvención o ayuda por parte de las familias.
Por su parte, el PP mantuvo que la decisión de extinguir los contratos de las tres trabajadoras iba contra el acuerdo marco del ayuntamiento, que obliga al consistorio a acoplar a estas empleadas en otro servicio, aspecto que niega la sentencia.
Villa ha destacado que "todas las medidas que se toman desde el Equipo de Gobierno que supongan amortizaciones de puestos de trabajo o despidos, no nos dejan indiferentes, pero se hacen siempre de una manera responsable, valorando sus consecuencias; y a la vista de los correspondientes informes técnicos. No obstante, cabe destacar que se están está manteniendo prácticamente la totalidad de los servicios y puestos de trabajo, teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos padeciendo y el volumen de trabajadores ocupados".
Sobre las recientes declaraciones del PP en las que este grupo municipal denunciaba las numerosas sentencias contrarias al equipo de gobierno en materia laboral, Villa ha manifestado que, tanto esta sentencia como la reciente sobre los diez trabajadores de Hydra Gestión Deportiva emitiada por el TSJA, dejan claro que los populares "tan solo perseguían el desprestigio del equipo de gobierno y tratar de confundir a la ciudadanía".
