El calvario de los propietarios de los propietarios de los terrenos expropiados por la Junta de Andalucía para la construcción de la variante norte de Lucena en la A-331 hace más de una década parece estar próximo a su fin.
La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, anunció este viernes que del total de 60 terrenos expropiados pendientes aún de abono –muchos de ellos de un mismo propietario– hay cuatro –con un justiprecio de 183.000 euros– que serán abonados en los próximos días tras culminar con éxito el expediente administrativo. Para los 56 restantes se ha aprobado un crédito que supera los 900.000 euros, pendiente en estos momentos de la fiscalización del gasto por parte de la intervención de la Junta de Andalucía, paso previo a la firma de las resoluciones de pago.
Casanueva ha señalado que el pago de estas fincas expropiadas ya acumulaba casi una década de retraso cuando el PP accedió al Gobierno de la Junta de Andalucía y recordó que desde ese momento se ha actuado con toda la premura que permite "un procedimiento administrativo que tiene sus pasos", como lo demuestra que durante el primer trimestre del año se hayan abonado ya 410.000 euros por este concepto y algunos propietarios incluso estén ya a punto de recibir los intereses de demora solicitados por la dilación del pago.
Cristina Casanueva señaló que son muchas las circunstancias que inciden y ralentizan en este tipo de procedimientos: "Existen reparos de intervención que hay que subsanar y situaciones como ventas posteriores a la expropiación, divisiones como consecuencia de herencias, que ralentizan el trámite administrativo".
UN POCO DE HISTORIA
En el año 2007 la Junta adjudicaba la redacción del proyecto técnico de esta infraestructura. En 2008 la Junta dictó la utilidad pública de estos suelos y un año más tarde la administración socialista de la Junta de Andalucía iniciaba la firma de las actas de ocupación de estos suelos, en su mayoría fincas de olivar en producción. Fue entonces cuando comenzó una espera que para una parte de los 116 afectados se prolonga hasta hoy.
Y es que aunque los trabajos fueron adjudicados en 2010 por un importe de 7,3 millones de euros, la crisis obligó a ir aplazando la obra hasta 2017, entrando en funcionamiento en 2020.
Las cantidades que adeuda la administración andaluza a estos propietarios, que ya se han movilizado en distintas ocasiones para dar visibilidad a su situación– son muy variadas, en función de la superficie y naturaleza de los terrenos ocupados. Algunos de ellos decidieron denunciar el impago y reclamar a la Junta de Andalucía los intereses de demora correspondientes, que ahora empiezan a cobrar.
