La zona de segunda residencia de Campo de Aras podría quedarse sin agua para el consumo si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene el apercibimiento realizado a la Asociación de Vecinos Crisaras para que cese en la distribución de agua a las 387 familias que forman parte de la comunidad de usuarios creada en su día para ofrecer suministro doméstico desde el acuífero de la Fuente de Campo de Aras, de titularidad municipal, después de que los propios propietarios de los terrenos cedieran al consistorio los derechos de uso del mismo a finales de los años 70 del siglo pasado.
El Diputado de Vox, José Ramírez del Río, junto a Rafael Saco y los miembros del grupo municipal durante la rueda de prensa ofrecida hoy
La situación ha sido dada a conocer hoy por la formación política Vox, tras la reunión mantenida con miembros de la asociación de vecinos. "Los miembros de la asociación nos confirman que de hacerse efectiva esta comunicación deben cerrar la fuente que suministra agua a 387 contadores, imponiendo una multa de dos mil euros, en el caso de no hacerse efectiva", ha explicado el diputado de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, que ha considerado que se trata de "una actuación administrativa desproporcionada" y ha exigido que desde el Ayuntamiento de Lucena se trabaje codo con codo con los vecinos para encontrar una solución satisfactoria que garantice poder seguir disfrutando de este bien de primera necesidad a los vecinos de Campo de Aras".
El concejal de Urbanismo, César del Espino, ha señalado al respecto que "aunque se trata de un asunto que excede la competencia municipal, al tratarse de una zona de segunda residencia no urbanizada, desde el Ayuntamiento llevamos meses trabajando para la resolución definitiva de este problema". Para Del Espino la situación planteada por esta reclamación de la CHG puede suponer "una oportunidad para resolver una cuestión enquistada, que debe pasar necesariamente por la participación de los vecinos".
Por su parte la responsable de Medio Ambiente y presidenta de Aguas de Lucena, Mamen Beato, ha indicado que "la CHG considera que la captación que utiliza la comunidad de propietarios para el suministro de sus comuneros es ilegal al tratarse de un recurso de dominio público", por lo que este organismo ha ordenado el precintado de la misma. Beato indicó a este periódico que el ayuntamiento de Lucena tuvo conocimiento de esta circunstancia la pasada semana a instancias de la asociación vecinal Crisaras, sin que haya existido una comunicación oficial de la CHG. El mismo viernes se celebró una reunión a la que asistieron el alcalde, el edil de Urbanismo, el Secretario Municipal y ella misma como responsable de Aguas de Lucena para estudiar posibles escenarios ante un problema "en el que ni el Ayuntamiento ni la empresa municipal tienen responsabilidad". Según Beato "se está trabajando en distintas alternativas", tanto para encontrar una solución provisional como para zanjar este problema desde un punto de vista legal y urbanístico.
UN POCO DE HISTORIA
El Plan General de Ordenación Urbana de Lucena (PGOU), vigente desde 2001, estipulaba el carácter urbanizable de esta gran bolsa de suelos, con una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y capacidad para albergar unas 1.400 viviendas unifamiliares, situada al sur de la ciudad, entre la antigua Nacional 331 y la Sierra de Aras, en la que en aquel momento existían ya 366 edificaciones –en su mayoría construidas de forma irregular– y unos 500 propietarios.
Se definieron tres planes parciales, con distintos volúmenes de colmatación, y se celebraron distintas reuniones para intentar poner en marcha la urbanización de la zona, aunque el propósito no llegó a culminarse, debido principalmente a los elevados costes inherentes al proceso, lo que ha hecho que Campo de Aras siga careciendo de servicios básicos como agua de red, alumbrado público, saneamientos o acerados y se mantenga la prohibición de promover nuevas edificaciones, lo que no ha impedido la proliferación de las mismas en las dos últimas décadas. A día de hoy se da por segura la existencia de más de 500 viviendas en esta zona, que adquiere una elevada densidad de población en la época estival, pese a los deficientes servicios de la misma.
Así, aunque la red de aguas municipal pasa a escasos metros de la zona, la mayoría de las propiedades reciben este suministro vital a través de una comunidad de usuarios privada o directamente desde los numerosos pozos particulares. Es precisamente esta circunstancia la que hace que la decisión comunicada ahora por la CHG ponga en peligro el normal suministro, lo que podría suponer un problema de gran envergadura para los cientos de familias que tienen una vivienda en esta área residencial.
