Nueve días ha tardado la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio en recurrir el pliego de condiciones del concurso convocado por el Ayuntamiento de Lucena para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, y dieciocho el pleno del consistorio lucentino en disponer –por segunda vez– la suspensión del procedimiento de contratación.
La medida –esperada, a tenor de lo manifestado por los distintos grupos políticos en el transcurso de la sesión– supone una nueva paralización del procedimiento y un paso adelante del ayuntamiento de Lucena para conseguir que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, al que se remitirá el pliego para su análisis, le de la razón sobre la controvertida inclusión de cláusulas que premien la "mejora salarial" por parte de las empresas licitadoras, aspecto con el que la asociación empresarial se viene mostrando en desacuerdo a nivel nacional.
Entre las tres opciones planteadas desde los servicios técnicos municipales a raíz de la interposición del recurso, el Pleno ha decidido unánimemente la desestimación de la petición de la Asociación y la solicitud de informe jurídico en relación con su contenido y del expediente completo, al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.
Fue el pasado 30 de junio cuando el Pleno municipal respaldó la licitación de la gestión de la ayuda a domicilio estableciendo un precio de 14,35 euros por hora de servicio en días laborales y de 16,39 euros por hora en días festivos con un coste estimado anual de 3.460.496 euros. Aquel acuerdo incluía en el pliego administrativo una cláusula de mejora salarial como criterio de adjudicación, un aspecto que la entidad recurrente pide que se anule y se deje sin efecto antes de seguir con el proceso de contratación.
Los servicios jurídicos municipales estiman en unos 9 meses el retraso que supondrá este nuevo contratiempo, caso de que de el fallo del tribunal sea favorable a las tesis municipales. Otras opciones, menos costosas en tiempo, pasaban por estimar la petición de los empresarios eliminando el criterio recurrido y reiniciar la publicación del pliego –20 a 25 días– o desistir nuevamente del procedimiento y encargar nuevo pliego –uno a dos meses–
REACCIONES
Las reacciones a la presentación de este recurso especial por parte de los grupos municipales han ido todas en la misma dirección. "Es un escenario ya previsto que no nos sorprende", ha comentado Jesús López, en nombre de Ciudadanos, y "ya advertimos en junio, cuando aprobábamos la contratación que la reclamación podría llegar", ha dicho desde Vox Antonio Hidalgo.
En el PP, Rosario Valverde ha respaldado la posición contraria a la impugnación de la licitación indicando que "aunque sabemos que los tribunales son reacios a incluir estos criterios no se trata de una cláusula ilegal y muchas capitales y municipios la están incluyendo es sus pliegos".
En esa misma línea, la concejal de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha sostenido en nombre del PSOE, que "la inclusión de esos criterios sólo responde a nuestra intención de mejorar las condiciones laborales para las trabajadoras que prestan este servicio".
Desde Izquierda Unida, Miguel Villa también ha votado a favor de los acuerdos, aunque "con la esperanza de que el PSOE pueda cambiar su opinión sobre la gestión indirecta del servicio".
