El Grupo Político Municipal de IU llevará al pleno municipal del próximo martes una propuesta de su asamblea local por la que se insta al Consejo de Administración de Aguas de Lucena S.L., al reconocimiento y la adopción de medidas para garantizar el suministro mínimo vital de agua 3m3 por persona y mes a todas las personas y familias que por circunstancias de insolvencia económica o por encontrarse en riesgo o situación de exclusión social no puedan hacer frente al pago de la tasa por suministro y depuración.
La propuesta incluye entre otros acuerdos a adoptar por el Consejo de Administración de Aguas de Lucena la dotación de un fondo solidario del derecho vital al agua que financie y cubra el coste del reconocimiento de dicho derecho. Según IU, entre los aspectos destacables de la propuesta se encuentra el hecho de que se cambia el concepto asistencialista que hasta ahora se venía dando con las personas en esta situación, donde los Servicios Sociales Municipales ya hacían frente a la mayoría de los casos de impago, para evitar el corte o restablecerlo, a configurar la garantía del suministro de agua como un derecho ciudadano.
El derecho al suministro mínimo vital de agua se reconocerá a instancias de los interesados y previo informe de los Servicios Sociales Municipales y se mantendrá hasta que desaparezca la situación que originó el reconocimiento del derecho.
En los casos, de usuarios a los que ya se les haya suspendido el suministro por razones de insolvencia económica, se les restablecerá el suministro de manera inmediata, sin coste alguno por el reenganche y se buscarán fórmulas alternativas para hacer efectiva la obligación de pago de las deudas que el usuario tuviera contraídas con la empresa.
Según IUCA esta medida se propone "en un contexto general de sangrante crisis económica y desempleo y considerando que existe hoy en nuestro municipio un número elevado de ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo y/o en riesgo de exclusión social, que hace necesaria una actuación urgente y contundente para impedir que posibles impagos por insolvencia económica se traduzcan en cortes de suministros básicos y esenciales para la propia vida y que destrozan a las personas y a las familias".
Según IUCa, de adoptarse por el pleno, "sería la primera medida positiva que se obtiene como consecuencia del establecimiento de la Gestión Directa del Ciclo integral del Agua, adoptado por unanimidad del Pleno de la Corporación".
