El grupo político municipal de IU ha procedido a la presentación de escrito de anuncio de Recurso Contencioso Administrativo contra el acuerdo de pleno de diciembre de 2024, por el que se estimaba –solo de forma parcial– el recurso de reposición formulado previamente por esta formación política contra el acuerdo de septiembre de 2024 que disponía la tramitación del estudio de viabilidad registrado el pasado 24 de mayo por la empresa HERCE-ICR Aparcamientos, como actuación preparatoria de un contrato para la construcción y explotación indirecta del aparcamiento de la Huerta del Carmen a través de una concesión administrativa durante un periodo determinado de años y sin coste alguno para el Ayuntamiento de Lucena, así como el rechazo del estudio de la empresa OHLA Concesiones que proponía un modelo de gestión mixta, con participación municipal.
En su primer recurso de reposición ante el pleno, IU alegó la nulidad del procedimiento por diversas razones, entre las que destacan dos fundamentos jurídicos que, a su juicio, vulneran la legalidad. De una parte, alegaba IU la quiebra del principio de igualdad entre las empresas potencialmente adjudicatarias del contrato de concesión de obra por los contactos previos con empresas del sector. De otra, se refería a la falta de competencia del Consejo de Administración de la EPEL, al haber resuelto motu propio las deficiencias señaladas por Auren, empresa encargada de analizar las memorias presentadas por las entidades concurrentes.
Este último aspecto ya fue tenido en consideración en diciembre, por el informe del Secretario Municipal, entendiendo este que "la ausencia de valoración técnica (por parte de Euren) del documento de subsanación de deficiencias presentado por HERCE, implica una insuficiente motivación del acuerdo, lo que infringe el artículo 35 de la Ley 39/2015", por lo que ordenó retrotraer las actuaciones hasta el momento de la presentación de dicho escrito para que se procediera en la forma establecida, lo que implicó requerir a la consultora AUREN para que estudie los requerimientos formulados a las dos empresas interesadas en la construcción del aparcamiento, "a fin de que, previo análisis de la misma, proponga la decisión que considere más adecuada en relación con la admisión a trámite o rechazo de los estudios de viabilidad presentados por las referidas mercantiles". Según ha explicado IU a este periódico, ese informe de AUREN todavía no ha sido evacuado al consejo de Administración de la EPEL Aparcamientos de Lucena, por lo que en estos meses no se ha avanzado nada en un procedimiento que el equipo de gobierno esperaba poder sacar a licitación antes de que acabara el año.
SUPUESTOS CONTACTOS PREVIOS CON LAS EMPRESAS
Por otra parte, en este nuevo recurso, Izquierda Unida reitera su denuncia de que la existencia de contactos previos entre el equipo de gobierno y determinadas empresas, en los que se mantuvieron reuniones y, posiblemente, se alcanzaron acuerdos, sin que conste su contenido ni se haya garantizado la transparencia del procedimiento, constituye el elemento clave que vicia de nulidad de pleno derecho todo el proceso.
Estos hechos, que se habrían producido antes de la apertura de cualquier procedimiento legal conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, podrían haber otorgado una ventaja indebida a las empresas finalmente seleccionadas por el equipo de gobierno del Partido Popular.
Entiende IU que dichas conversaciones y encuentros fueron reconocidos públicamente por el propio presidente de la EPEL, Francis Aguilar, en una entrevista en el programa El Café, de Lucenahoy, emitido en diciembre de 2023, lo que, a su juicio, "refuerza la sospecha de que el procedimiento pudo haberse visto condicionado por acuerdos previos ajenos a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad que rigen la contratación pública".
MEDIAS CAUTELARES
Sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares que paralicen el procedimiento, Miguel Villa ha indicado a este periódico, que, tras la presentación de escrito de anuncio de Recurso Contencioso Administrativo, ahora el juzgado deberá reclamar al Ayuntamiento de Lucena que le remita el expediente completo, antes de solicitar a la parte demandante que sustancie su reclamación. "Será ese el momento procesal en el que IU solicite esas medidas para que el procedimiento administrativo quede suspendido, hasta tanto haya una resolución judicial sobre nuestro recurso".