Con términos como "atropello" e "ilegalidad" se ha referido hoy el grupo municipal de IUCA a la decisión del PSOE de prorrogar la prestación del servicio de ayuda a domicilio con la empresa Servisar, que ya el pasado 24 de enero, comunicó formalmente al equipo de gobierno su decisión de no firmar la prórroga de dos años a la que tenía derecho y abandonar la prestación del servicio el próximo 31 de mayo.
Según ha explicado Miguel villa, "en ese momento el ayuntamiento debería haber iniciado el procedimiento, pero han pasado los meses y no fue hasta el pasado miércoles cuando se llevan a la comisión el nuevo pliego y la propuesta de prórroga, diez días antes de que termine el plazo".
Según Villa, la nueva Ley de Contratos "dice que no puede haber prórroga forzosa salvo que hubiese causas sobrevenidas e inesperadas como la declaración del concurso desierto o una impugnación del mismo, situación que no se da en este caso, por lo que entendemos que se incumple la ley".
Y es que según Villa "se va a justificar una prórroga contra la voluntad del adjudicatario, habiéndolo advertido con el tiempo suficiente que marca la ley, lo que supone una ilegalidad manifiesta que deja clara la ineptitud de este equipo de gobierno".
Según IU, el alcalde ha argumentado como única justificación para este proceder el "interés general" al poder derivar esta situación en posibles problemas para que se preste el servicio, pero existen sentencias del Tribunal Supremo que en situaciones similares han señalado que sea el ayuntamiento quien se haga cargo de la prestación del mismo con sus propios técnicos y el mismo personal que viene ofreciéndolo.
Además, IU ha denunciado que el asunto se llevase a la citada comisión municipal sin los preceptivos informes, que fueron incorporados fuera del plazo legal para ello, y sol fue debatido gracias al apoyo del PP y Ciudadanos "enmascarando esta chapuza como gesto de responsabilidad" frente a la petición de retirada del mismo del orden del día realizado por IU al no cumplir con los requisitos de legalidad exigibles, situación que ha llevado a IU a plantearse en los próximos días si presenta recurso sobre esta decisión.
Según Carlos Villa "la chapuza" alcanza al propio expediente de licitación, en el que existen informes duplicados con datos contradictorios, reparos de Intervención y Secretaría y una escasa subida salarial, de apenas 25 euros al mes para un trabajador a jornada completa.