El Grupo Municipal del Partido Socialista estudiará la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar el proyecto de privatización de una parte del servicio municipal de limpieza viaria, cuyo estudio de viabilidad fue aprobado en el último pleno municipal con los votos de PP, Ciudadanos, Vox y concejal no adscrito, y en el que los socialistas consideran que existen distintos elementos que lo convierten en nulo de pleno derecho, según ha explicado esta mañana el edil Francisco Algar, para quien esta decisión del equipo de gobierno demuestra su "incapacidad para gestionar los servicios básicos de forma eficiente y eficaz, recurriendo a las privatizaciones para ocultar sus limitaciones como gestores públicos".
Según Algar, el alcalde, Aurelio Fernández actúa en este caso de forma irresponsable, "con arrogancia, oscurantismo e improvisación", sin haber mantenido con el resto de grupos reuniones previas para alcanzar un consenso "pese a la enorme importancia del contrato, tanto por su duración como por su cuantía, que se eleva a 11.288.402 euros, con un plazo de duración de 9 años, muy por encima de los 5 años que la Ley de Contratos del Sector Público marca de plazo como regla general".
Además, según el PSOE, el procedimiento administrativo no se han seguido las prescripciones legales, por cuanto carece del preceptivo estudio de alternativas que determine cuál es la gestión más eficiente y eficaz de entre las dos posibles: la gestión por el propio Ayuntamiento o por el sector privado". A ello se suma según los socialistas que el estudio de costes se lleva a cabo sin determinar las calles y zonas a limpiar y "nuestro Alcalde va a regalar a la empresa adjudicataria 4 años de contrato, por encima de los 5 que, como regla general, marca la Ley de Contratos del Sector Público, hipotecando al Ayuntamiento por un plazo superior al necesario, basándose para ello en un criterio fiscal para calcular la amortización de la maquinaria, "saltándose a la torera las prescripciones legales". Por su parte, señala el PSOE, "el estudio económico contiene errores tan evidentes como justificar artificiosamente una duración del contrato por encima de la norma general que marca la Ley de Contratos del Sector Público".
De esta forma, según Algar, el Ayuntamiento de Lucena pagará a la adjudicataria privada la totalidad de la maquinaria, duplicando, por una parte, la que ya tiene el Ayuntamiento, ocupándose la empresa de contratar el personal y obtener el beneficio correspondiente.
Para el grupo socialista, esta decisión del PP es "un eslabón más en el plan del Alcalde Aurelio Fernández de privatizar los servicios públicos de nuestra ciudad". Francisco Algar concluyó manifestando que, si la vía política no da el resultado esperado, "estudiaremos la posibilidad de impugnar esta decisión" en el momento en que su adopción sea firme.
