El concejal de Personal del Ayuntamiento de Lucena, Francis Aguilar, ha valorado hoy en casi 2 millones de euros las cantidades que deberá abonar el consistorio lucentino entre Seguridad Social, salarios e intereses no satisfechos en su momento al medio centenar de trabajadores de distintos programas de empleo de la Junta de Andalucía suscritos por el Ayuntamiento, a los que se pagó por debajo del salario del resto de empleados municipales de idéntica categoría profesional.
Aguilar anunció que el pasado viernes el alcalde, Aurelio Fernández, firmó el reconocimiento de obligaciones relativo a un primer paquete de 568.065 euros, para hacer frente a 49 sentencias firmes de trabajadores que demandaron al Ayuntamiento por las diferencias salariales no abonadas. De esta cantidad, unos 394.000 corresponden al principal y otros 173.000 a los intereses devengados durante el proceso judicial. El edil popular señaló que a esta cantidad habrá que sumarle aún entre 150.000 y 170.000 euros adicionales, de varias sentencias pendientes de fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que presumiblemente también serán desfavorables al ayuntamiento y más de un millón de euros de cuotas impagadas de la Seguridad Social, de las que ya se ha abonado un 30 por ciento tras el acuerdo entre el consistorio y este organismo, asumiendo la deuda.
Aguilar señaló que este es el resultado "del panorama que encontramos al acceder al gobierno municipal" tras el "desastre" de la política personal ejercida por el anterior gobierno del PSOE y "por la actual portavoz de esta formación, Teresa Alonso, como responsable de esta área".
El portavoz popular expuso que "todas las sentencias afirman que el Ayuntamiento de Lucena vulneró el derecho de los trabajadores contratados a través de estos programas, a recibir salarios acordes con los del resto de trabajadores municipales, bajo la premisa de igual sueldo para igual categoría profesional". Además, Aguilar indicó que "aunque el error cometido por el equipo de gobierno del PSOE también se produjo en otros ayuntamientos, no es menos cierto que muchos de ellos decidieron renunciar a estos contratos por su alto coste para las arcas municipales" por lo que, añadió, "voluntariamente decidieron no ajustar los salarios de estos empleados a los del resto de trabajadores, pese a que en distintas ocasiones pusimos de manifiesto que no estábamos de acuerdo" con este proceder.
Por último, Francis Aguilar indicó que a esta errática política de personal, especialmente durante el periodo 2015-2019 se suman otras decisiones contrarias al interés municipal como la fracasada Valoración de Puestos de Trabajo, que no llegó a aplicarse tras un coste de 200.000 euros, los 30.000 euros de indemnización a un agente de la policía local por acoso laboral o la demanda, aún pendiente de sentencia, de un trabajador al que se concedió una incapacidad laboral tras denunciar "presiones" y que solicita al Ayuntamiento 220.000 euros, cuestión que ha sido derivada al Consejo Consultivo de Andalucía, que deberá emitir un informe.
