El portavoz de "Entre todos sí se puede Lucena", Vicente Dalda, ha anunciado su intención de solicitar una comisión de investigación que determine las causas que han llevado al alcalde de Lucena a firmar un decreto por el que se reconoce la condición de personal laboral indefinido, no fijo de plantilla, a un arquitecto contratado por el Ayuntamiento para el periodo de obras FEDER, tras estimar parcialmente la reclamación interpuesta por éste como paso previo a acudir a la jurisdicción laboral.
Dalda ha calificado el decreto como "birria que insulta la inteligencia de cualquier ciudadano de Lucena" e "impresentable", sugiriendo la existencia de "preferencias en la contratación de amigos" y la existencia de un presunto delito de "nepotismo y prevaricación, para meter al amiguete saltándonos la ley" o, en caso contrario "de actuar como una pandilla de inútiles" favoreciendo con una actuación negligente la posibilidad de que el citado trabajador pudiese solicitar el mantenimiento de su contrato, una vez finalizado el periodo para el que fue contratado, aduciendo irregularidades en su situación laboral y contractual.
El informe indica que el trabajador fue contratado el 11 de marzo de 2010, con carácter temporal, en la modalidad de obra o servicio terminado, tras obtener la mejor puntuación en el proceso selectivo abierto para la contratación de un arquitecto, con la misión de ejercer funciones de supervisión y dirección de las obras de peatonalización del Centro Histórico y Construcción del Auditorio Municipal. Concluidas las obras para las que fue contratado, con fecha 24 de marzo, el empleado formuló reclamación previa a la vía judicial, solicitando la declaración de su condición de indefinido y la equiparación de sus retribuciones a la del resto de arquitectos municipales.
De los fundamentos jurídicos contenidos en el expediente se detrae que el trabajador podría haber estado realizando trabajos estructurales, más allá de los encomendados, siendo ocupado en tareas distintas a las propias del objeto del contrato, entre las que se citan las correspondientes a proyectos de tematización de itinerarios turísticos, obras complementarias de urbanización del auditorio municipal u otros expedientes de obra. También se apunta como causa de la estimación que el empleado "haya finalizado la obra o servicio y continúe trabajando".
Por todo ello, entendiendo que le asiste la razón y que ganaría la condición que se le otorga mediante decreto si acudiese a la vía judicial, se estima su petición, indicando que deberá seguir desempeñando el mismo puesto que venía ocupando hasta que se amortice la plaza o se provea por los procedimientos legales correspondientes.
Para el portavoz de "Entre todos..." el equipo de gobierno podría haber permitido por acción u omisión que se produjeran las condiciones que han permitido la estimación del recursos, facilitando su entrada "por la puerta de atrás", lo que a su juicio revela un caso de "amiguismo y posible prevaricación o una manifiesta incompetencia política". También ha tenido palabras duras para el trabajador al que acusa de "esperar a que se pasen los plazos legales para buscar y resquicio y colarse", por lo que pide que se le despida e indemnice.
Dalda ha exigido "que se depuren responsabilidades" para que situaciones como esta no se vuelvan a producir.
