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El PP ha dado cuenta esta mañana de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara nulo de pleno derecho el procedimiento de expropiación seguido por la Gerencia de Urbanismo para la obtención de los terrenos del centro sociosanitario y condena al ayuntamiento a proceder al pago de una indemnización del 25% de lo estipulado en su día por la Junta de Andalucía como justiprecio, así como de los intereses devengados desde la firma del acta de ocupación en octubre de 2009, hasta la publicación en el BOJA de la modificación del PGOU que declaraba la utilidad pública de los terrenos, en abril de 2010.
El tribunal andaluz entiende que, de forma previa al inicio del expediente de expropiación, se debió tramitar la modificación del PGOU para cambiar el carácter no urbanizable de los suelos por el de dotacional social, y promover la declaración de interés público de la operación, cosa que no se hizo, por lo que todo el proceso expropiatorio se considera nulo de pleno derecho, al haberse actuado "por la vía de hecho, en lugar de hacerlo por la vía de derecho".
La sentencia, que tendrá para las arcas municipales un coste de unos 100.000 euros, responde a la demanda de dos propietarios, y según el PP "podría haber sido aún peor", ya que los demandantes solicitaban varios millones de euros, por considerar muy bajo el justiprecio establecido por la Junta. Además, el portavoz del PP, José María Morillo-Velarde, indicó que el TSJA no entra sobre una posible reversión de los terrenos a sus titulares, "porque da por sentado que no sería posible y porque los demandantes habían pedido la indemnización".
El PP considera que, lejos de un fallo de los técnicos, este grave error responde a que "las prisas son malas consejeras" y en ese momento, previo a las elecciones, "quedaba bien para el equipo de gobierno presidido por José Luis Bergillos decir que ya se disponía de los terrenos para el centro social sanitario".
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación al Tribunal Supremo aunque según el PP "parece que el equipo de gobierno no la recurrirá", aunque podría hacerlo la parte demandante por considerar insuficiente la indemnización establecida.
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