El PP ha pedido hoy la dimisión del alcalde, Juan Pérez, los tenientes de alcalde José Cantizani y Manuel Lara y el ex-concejal de Urbanismo, Miguel Villa y no descarta acudir a la vía judicial para lograr que se esclarezcan las circunstancias que han devenido en el paso a laboral indefinido de varios trabajadores municipales, después de que en el último pleno se denegará con los votos del PSOE e IUCA la creación de una comisión de investigación sobre este asunto solicitada por los populares y el grupo Entre tod@s sí se puede Lucena" y apoyada también por Ciudadanos, argumentando en ambos casos que los hechos que se pretendía investigar estaban claros y documentados.
El concejal del PP, Julián Ranchal, ha repasado los hechos, remontándose al paso a indefinidos de 40 trabajadores municipales en diciembre de 2013, al encontrarse sus contratos en situación de fraude de ley, lo que motivó una advertencia al entonces concejal de Personal, José Cantizani, para que este tipo se situaciones no se volviesen a producir en el futuro. Sin embargo, Ranchal reseñó que en los últimos meses se han producido al menos tres casos similares, el primero, el 7 de agosto, con un arquitecto contratado para la dirección y ejecución de las obras del programa de regeneración del casco histórico, en cuya exposición de motivos se deja claro por parte del Servicio de Personal que "realizó funciones diferentes a las que tenía encomendadas a requerimiento de la corporación", considerando estos hechos como "una irregularidad que atenta contra la naturaleza del contrato" y advirtiendo "que se tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir". Los otros dos, del 9 y 16 de septiembre se refieren al guarda del colegio El Prado y a un profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza, que enlazó cinco contratos temporales consecutivos, superando los 24 meses que indica la ley y pasando por tanto a la situación de indefinido.
Ranchal indicó que, en el caso del arquitecto, el equipo de gobierno habría tomado ya la decisión de proceder al despido con indemnización, cuyo coste superará los 20.000 euros. El edil popular se ha preguntado "quién va a pagar esa cantidad y quién es el responsable de esta situación" y ha apuntado directamente al alcalde, y los entonces concejales de Personal y Urbanismo, José Cantizani y Miguel Villa, señalando que "no aprobaron la comisión de investigación propuesta en el pleno porque saben que las conclusiones pueden ser muy graves y habrían tenido que dimitir".
TRIENIOS
Por otra parte, Ranchal, que estuvo acompañado del portavoz de su grupo, Paco Huertas, calificó como "desvergüenza política" que el alcalde, y los ediles José Cantizani y Manuel Lara se hayan acogido a lo que consideran como un resquicio legal en la Ley de Racionalización de las corporaciones locales, en la que se fija el sueldo máximo a percibir por un edil en una ciudad menor de 50.000 habitantes en 55.000 euros anuales excluidos los trienios, para solicitar el pago de los mismos desde que forman parte de la corporación local, en el caso de Juan Pérez, desde 2008. Dicha aplicación supondrá un coste de 45.000 euros para las arcas municipales –justificado mediante un informe jurídico– que según Ranchal podría ser irregular, dado que, a su juicio, en el salario que venían percibiendo estos ediles desde su entrada en la política local "se incluía todo", por lo que "podrían haber cobrado dos veces por la misma cosa".
Finalmente, Julián Ranchal se ha referido a la polémica Valoración de puestos de trabajo del ayuntamiento, recientemente denunciada también por el sindicato USO. Según Ranchal, estos trabajos van a costar unos 40.000 euros, si se suman el coste del contrato suscrito con una empresa para su ejecución –aún no concluida pese ha haber pasado más de un año desde que se cumplió la prórroga de dos meses otorgada para dicho fin– y las cantidades satisfechas al personal municipal que ha participado en los trabajos y que actualmente los está finalizando. A esta situación se suma, según Julián Ranchal, el hecho de que ni siquiera se tiene la certeza de que dicha valoración pueda ser aplicada, ya que actualmente está congelada la masa salarial de las corporaciones locales.
Ranchal y Huertas han coincidido en calificar todos estos hechos como "gravísimos" e "irresponsables", indicando que, en su conjunto, suponen unos costes de más de 100.000 euros para las arcas municipales, por lo que exigen que "se asuman responsabilidades" ante la existencia de una "negligencia por acción u omisión" como denominador común de todos ellos.
