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La parlamentaria autonómica por Córdoba, Rafaela Obrero, indicó ayer en Lucena que su grupo presentará una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para exigir al gobierno autonómico la definición de un plan de pagos para saldar la deuda que mantiene con entidades como Amara, a la que debe casi 500.000 euros, que son más de 30 millones si se suma lo que se debe a los colectivos asociados en FEAPS Andalucía. Obrero indicó que "no se puede jugar con la viabilidad de entidades como estas, que llevan muchos años trabajando, realizando una gran labor social, y que debido a los impagos de la Junta, se están planteando el cierre". Según esta parlamentaria "se trata de que los convenios firmados con estas entidades se cumplan al cien por cien".
Por su parte, la concejal del PP, Araceli Maillo, exigió el comienzo inmediato de las obras del centro socialsanitario. Según Maillo, el PSOE, "fiel a su política de mentiras", ha anunciado una y otra vez el comienzo de los trabajos y luego han justificado los retrasos aludiendo a problemas ajenos a ellos". Según la edil popular "los socialistas se comprometieron a hacer el proyecto, y anunciaron que las obras aún no iniciadas concluirían para finales de 2012, y despues renunciaron a la parte social y olvidaron la sanitaria". Dijo Maillo que "de la parte sanitaria no hay nada, y el plan funcional que presentó en su día la consejera ha quedado en el olvido" para concluir asegurando que "ni se hizo en tiempos de bonanza económica ni se hará ahora". argumentando falta de medios.Maillo también criticó que Vitalia no haya presentado aún el proyecto.
A todo ello sumó Araceli Maillo las carencias que sigue presentando Lucena en materia sanitaria, "con servicios como radiología que no funcionan por las tardes, unas urgencias deficitarias en muchos aspectos y una consulta de cirugía menor que no es la adeucada".
Por último, el senador del PP por Córdoba y portavoz de su grupo en la comisión de Sanidad, Jesús Aguirre, defendió que el copago farmacéutico es "una medida de justicia social de redistribución del copago", que solo pretende "que pague más quiene más tiene" y que "no tiene afan recaudatorio y supondrá un uso más racional de las medicinas". Aguirre lamentó que la Junta de Andalucía no renueve a los interinos de la plantilla sanitaria o les recorte la jornada laboral, mientras en el Servicio Andaluz de Salud sigue engordando la administración con 2.400 cargos de libre designación.
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