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Intervención múltiple del PP para denunciar la "situación crítica" a la que el gobierno andaluz está llevando a las políticas de Dependencia.
La edil popular, Araceli Maíllo, indicó el viernes que la Junta de Andalucía adeuda importantes cantidades al consistorio lucentino para el pago del servicio de ayuda a domicilio, lo que puede traducirse si no llegan soluciones inmediatas en retrasos en los pagos e incluso en la pérdida de algunos de los 130 puestos de trabajo que genera este servicio o la suspensión del mismo, ante la imposibilidad del ayuntamiento para hacer frente a las cantidades comprometidas por la Junta de Andalucía. A ello se suma, según Maíllo, el "carpetazo" de la administración autonómica al proyecto del centro social-sanitario, lo que dibuja a juicio de la concejal popular un negro panorama para los temas relacionados con la Dependencia y los Servicios Sociales.
La Vicesecretaria General del PP en Córdoba, Beatriz Jurado, señalaba al respecto que "el PSOE promete y el PP paga", denunciando que el informe del Tribunal de Cuentas ha demostrado irregularidades en el desarrollo de la Ley de Dependencia por parte de la Junta de Andalucía, como el hecho de que "recibió 24 millones de euros para más de 4.000 personas inscritas como receptores de ayudas que resultaron estar fallecidos". Jurado se preguntó "dónde esta ese dinero que no ha llegado a esas personas y que la Junta ha recibido del Gobierno Central".
Además, la senadora popular aseguró que en 2012, a la llegada del PP al gobierno 2el 29% de las personas que tenían reconocida una prestación por la Ley de Dependencia no la recibían, porcentaje que se ha reducido en un año en diez puntos".
También participaban en la rueda de prensa la delegada de Igualdad de la Diputación Provincial, Dolores Sánchez y la Vicepresidenta de la Diputación, María Jesús Botella, que aseguraron que a la importante deuda en el pago de las cantidades destinadas a dependencia que la Junta mantiene con el ente provincial 10 millones de euros y con los ayuntamientos 4 millones de euros solo en la capital se suma la incertidumbre de que a estas alturas del año aún no se haya comunicado a ninguno de ellos las partidas de las que dispondrán para 2013 o hace escasos días se haya comunicado que solo habrá financiación para programas de drogodependencias hasta el 31 de marzo.
Botella exigió al alcalde de Lucena "que exija a la Junta que pague todo lo que debe para no poner al ayuntamiento y a los trabajadores que prestan el servicio en una situación límite".
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