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El alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el presidente de la mercantil Serviman, Miguel Villa, firmaron el pasado 30 de diciembre el acta de disolución de la citada empresa municipal y la cesión de la totalidad de sus derechos y obligaciones al consistorio lucentino. Desde el día 1 de enero, los 98 trabajadores de la empresa liquidada han quedado integrados en la plantilla del ayuntamiento de Lucena como personal laboral indefinido, aunque sin llegar a adquirir la condición de personal funcionario.
Sin embargo, el PP considera que este trasiego de empleados desde la antigua empresa mercantil al ayuntamiento podría incurrir en algún tipo de irregularidad y como ya adelantó en el último pleno municipal su portavoz, Manuel Gutiérrez, su Junta Local decidía formalmente la pasada semana la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, con el que según Gutiérrez solo se pretende tener las máximas garantías de que la propuesta planteada por el equipo de gobierno es legal y no puede revertir en contra de los trabajadores.
Desde el PP se considera que el equipo de gobierno ha forzado a esta formación a plantear el recurso, toda vez que se negó a solicitar y aguardar el dictamen sobre este procedimiento del Consejo Asesor de la Junta de Andalucía.
El PP considera que la absorción de los trabajadores por el consistorio va en contra del Real Decreto Ley 20/2011 y ley 17/2012 de los Presupuestos del Estado para 2013, que establecen limitaciones para la contratación de personal de obligado cumplimiento. Para el PP existen dudas amparadas en sentencias judiciales sobre la viabilidad legal de que el ayuntamiento se subrogue en los contratos de la mercantil Servimán, al no haberse celebrado los contratos de la empresa municipal bajo las condiciones de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Por todo ello los populares solicitan la nulidad del acuerdo plenario del pasado día 29 de octubre.
Gutiérrez indicó que si el fallo es favorable a la decisión del equipo de gobierno seremos los primeros en aplaudirlo, pero queremos tener todas las garantías de que no se ha vulnerado la ley.
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