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El PP ha calificado como dictatorial y de otros tiempos el decreto de alcaldía por el que se adscribe a 29 trabajadores del ayuntamiento, en su mayoría personal laboral, a la empresa municipal Servimán.
El concejal del PP, Julián Ranchal, ha manifestado en la mañana de hoy que su grupo no se opone a la redistribución del personal municipal, siempre que la misma se haga dentro del marco legal y sin que suponga un coste adicional a las arcas municipales.
Sin embargo, según Ranchal, el decretazo de Juan Pérez se argumenta jurídicamente en dos preceptos legales que no son de aplicación en este caso, el artículo 81 del Estatuto Básico del Empleado Público, por el que la administración puede trasladar a su personal de forma motivada de un organismo o entidad pública a otra, y el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, sobre movilidad funcional en el seno de una misma empresa. La clave está en el carácter de empresa pública de Servimán.
Además, Ranchal señaló que no existe informe jurídico que justifique este decreto y extraña que no haya sido negociado ni con los sindicatos ni con la oposición, por lo que vulnera el artículo 54 del Acuerdo Marco que regula las relaciones entre los empleados municipales y el ayuntamiento, por el que la reestructuración de una plantilla debe realizarse de forma negociada.
Según el edil del PP Villa se levantó iluminado y dicta, propone a un Pérez adormilado un decreto por el que 30 trabajadores municipales pasan en menos de 48 horas de una administración pública a una empresa pública, por lo que este grupo se pregunta: ¿Por qué tanta prisa?, ¿Por qué no todos los trabajadores de este tipo de servicios? ¿Qué se pretende ocultar?.
Para los populares hay un Miguel Villa antes de las elecciones y otro tras las mismas y es IUCA quien dicta la política del pacto de gobierno municipal.
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