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Coincidiendo con la celebración del día Internacional de la Personas con Discapacidad, el PP ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha asegurado que ninguno de los colegios de nuestra ciudad tiene erradicadas a día de hoy las barreras arquitectónicas. Araceli Moreno, concejal del PP, ha asegurado que son muchos los colegios que carecen de aulas específicas para alumnos con discapacidades severas, y en muchos de los casos en los que existen hay falta de personal especializado, ya que el existente debe compartir su trabajo en varios centros educativos y no atiende a esos niños durante toda la jornada escolar, por lo que en muchos casos los alumnos están virtualmente "aparcados en la clase y no se les trata como escolares de primera." pese al esfuerzo del resto del profesorado.
Además Moreno aseguró que son muchos los centros lucentinos que no disponen aún de aseos adaptados para niños con discapacidad e incluso "algunos en los que se ha actuado recientemente no han incluido este tipo de servicios entre las actuaciones a realizar".
Por otra parte, Araceli Moreno denunció los recortes que se están produciendo en materia de diagnóstico de este tipo de alumnado. "no se contrata a personal para hacer la valoración de los niños con lo que estos niños no existen y consecuentemente tampoco se contrata al personal para atenderlos". Respecto a las becas para este tipo de alumnado Moreno indicó que "existen pero falta de información para solicitarlas".
Siguiendo con temas educativos, Araceli Moreno denunció que los recortes también han llegado al personal administrativo de los centros de una sola línea, que en Lucena son dos, Barahona de Soto y San José de Calasanz, que hasta ahora compartían un auxiliar y que desde el inicio del curso carecen de este servicio fundamental, que ha tenido que ser asumido por el personal de dirección.
Por su parte, Araceli Maíllo, se refirió a la situación impuesta por los recortes de la administración andaluza en materia sanitaria, indicando que las unidades de cuidados paliativos siguen bajo mínimos, con un médico contratado al 75% de la jornada laboral, un psícologo de la AECC durante dos días a la semana, y una enfermera de enlace, que realiza trabajos que no corresponden a su cometido. Esta situación de precariedad es compartida por el resto del sector sanitario andaluz, y se manifiesta en contratos de hasta un 505 de la jornada laboral y doce días, que suponen de hecho cinco días de trabajo efectivo y una continua rotación de personal sanitario en las plantas hospitalarias, situación que va en perjuicio de los pacientes. Según Maíllo, "con todo esto difícilmente podemos ir a un trabajo de calidad como pretende la consejería".
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