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El PP puso en tela de juicio en la última sesión municipal la necesidad de que Lucena permanezca en la Mancomunidad de la Subbética Córdobesa.
Al inicio de la sesión plenaria el PP preguntaba por el reciente pago de 135.000 euros a la Mancomunidad correspondientes al primer trimestre de 2001. Los populares se interesaban por la cantidad que anualmente satisface el consistorio lucentino a la misma y por las causas del retraso en el pago de la dicha aportación, y aprovechaba para preguntar al equipo de gobierno cuáles son las contraprestaciones que recibe el ayuntamiento de esta entidad.
Respecto a la primera de las cuestiones, la cantidad total que el ayuntamiento destina a la Mancomunidad asciende a unos 500.000 euros. Se trata de una aportación nominal, que cada municipio realiza de acuerdo con el número de habitantes, lo que determina que sea la aportación de Lucena, con más de 42.000 personas censadas, la más elevada de entre los municipios que la integran.
Respecto a la segunda cuestión, el equipo de gobierno señalaba que el retraso en los pagos viene dado por los actuales problemas de tesorería por los que atraviesan los ayuntamientos. Cabe señalar que, en el mismo pleno, también se daba cuenta de la resolución de alcaldía para pagar 150.000 euros al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, correspondientes al primer trimestre del año en curso.
Finalmente, era el alcalde, Juan Pérez, el encargado de defender la presencia de Lucena en la Mancomunidad, indicando que Lucena recibe de ésta ayudas para la creación de infraestructuras, servicios como la utilización del parque de maquinaria o promoción turística, a través de la presencia de esta entidad en las principales ferias del sector y actividades para potenciar el conocimiento de la comarca, que redundan en beneficio de la ciudad.
A nivel nacional, el PP ha venido defendiendo en estos últimos meses la necesidad de una reforma de la administración pública que evite la duplicidad de servicios, y distintos altos cargos de esta formación política y del propia gobierno popular han abogado por la desaparición de mancomunidades, fundaciones y empresas públicas. Por su parte, el PSOE pone en tela de juicio el papel de las diputaciones provinciales.
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