El pleno del Ayuntamiento de Lucena rechazó por unanimidad la proposición de la empresa Servisar Servicios Sociales S.L., contratista del servicio de Ayuda de Domicilio de este Ayuntamiento, de revisión del precio del contrato con carácter retroactivo desde el día 1 de julio de 2017.
Servisar proponía elevar en un 4,17%, a razón de 12'50 euros por hora IVA excluido –13 euros por hora incluyendo IVA– el precio del contrato formalizado el 30 de mayo de 2017, alegando que en junio de 2017 la Junta de Andalucía modificó tanto el sistema de cálculo de horas como el precio del coste/hora.
El informe jurídico municipal es concluyente respecto a la desestimación de la solicitud, entendiendo que el precio debe atenerse al contrato formalizado en el mes de mayo.
La existencia de unanimidad no fue obstáculo para que tanto IUCA como el PP reiteraran sus críticas a la adjudicación de este contrato a una empresa que ofreció un precio de 12 euros por hora que, en su día, ambos grupos consideraron como claramente insuficiente para mantener la plantilla actual que realiza el servicio y las condiciones laborales en las que el mismo se ha venido prestando.
Carlos Villa (IUCA) indicó que caso de aceptarse la pretensión de Servisar sería el ayuntamiento quien tuviese que pagar las diferencias y se preguntó si la empresa pretendía con este incremento del precio/hora "obtener más beneficio o cubrir los costes" de un servicio que consideran deficitario.
Purificación Joyera (Ciudadanos) manifestaba que el informe jurídico es claro respecto a la desestimación de la pretensión de Servisar, reseñando que la empresa debe mantener el precio que ella misma fijó como oferta para hacerse con el servicio.
Para Paco Huertas (PP) la petición de la concesionaria "nos da la razón" sobre la insuficiencia del precio acordado y "viene a decir que le faltan 90.000 euros para llegar a final del año".
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Previamente al debate de este punto quedó aprobada con los votos del PSOE y Ciudadanos una segunda propuesta de Servisar para unificar las funciones de los Trabajadores Sociales de Seguimiento y los Trabajadores Sociales de Coordinación; que pasan a denominarse "Trabajadores/as Sociales de Supervisión".
Teresa Alonso, edil de Servicios Sociales, argumentó que el cambio no supone modificación de las condiciones generales del contrato suscrito con Servisar, sino un mero cambio estructural que no implica menor coste para la empresa. Según Alonso, la reestructuración cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos, del Comité de Empresa y de los técnicos y será beneficiosa para el servicio, manteniendo en todo caso el número de trabajadores que correspondan según el Pliegos de Licitación, que establece unTrabajador Social de Seguimiento por cada 150 usuarios y un Trabajador Social de Supervisión por cada 200 usuarios.
Tanto IUCA como el PP y Vicente Dalda mostraron su preocupación ante la posibilidad de que los cambios aprobados puedan suponer una modificación del contrato que anime a las restantes licitadoras del servicio a presentar una reclamación judicial. Carlos Villa habló de "artimañas de la empresa" para salvar una situación deficitaria y "crónica de una muerte anunciada", adelantando que el cambio "ya se lleva por delante a dos trabajadores afectos al servicio" en un contrato en el que la subrogación de los trabajadores de la anterior concesionaria se premiaba con 5 puntos por estabilidad en el empleo. Para el PP el cambio puede entrañar una "alteración de las condiciones de la licitación" que pudiera dar lugar a una demanda.
Purificación Joyera apoyó al PSOE alegando que "hay un informe jurídico" que autoriza la modificación y que "los propios trabajadores consideran que beneficiará la prestación del servicio de ayuda a domicilio"
