Un principio de prudencia paró este martes –en el último momento– la ratificación plenaria del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía para que el edificio del antiguo Centro Tecnológico de la Madera, en el Parque Industrial Príncipe Felipe, pase a manos municipales.
El pleno debía manifestarse sobre la solicitud a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –actual titular de la parcela sobre la que se asienta el inmueble– de reversión de la misma al Ayuntamiento de Lucena, al haberse incumplido la condición de destinar esas instalaciones durante treinta años su uso como Centro de Innovación y Tecnología de la Madera y el Mueble. Esta es finalmente la fórmula que el consistorio y la administración autonómica han considerado más idónea para que el edificio pueda pasar a manos municipales y dar oficialidad a la ubicación en el mismo de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) –que ya lo utiliza como sede desde hace años en situación muy precaria– y de otros colectivos empresariales y actividades formativas relacionadas con los distintos sectores productivos locales.
Sin embargo, el equipo de gobierno considera que a ese acuerdo de facto, le faltan algunos flecos por determinar, principalmente en lo relativo a quién se hace cargo de la reparación de los numerosos desperfectos que presentan las instalaciones tanto a nivel exterior como interior.
Según explicó Teresa Alonso en el pleno, justificando la retirada del punto del orden del día, tras la reunión mantenida la pasada semana con el delegado territorial de Economía y Hacienda, "no nos pueden garantizar en este momento que se puedan acometer esas reparaciones por parte de la Junta de Andalucía". Así, este jueves está previsto que un técnico de la agencia IDEA visite las instalaciones para hacer una valoración previa de las actuaciones a realizar. Según Alonso, "el inicio del expediente de reversión podría condicionar la garantía jurídica para que la propia Junta de Andalucía pueda acometer esta intervención".
Alonso concluyó indicando que el pleno debe "tener toda la información" sobre esas actuaciones antes de seguir adelante con el proceso de devolución al Ayuntamiento de la parcela y del edificio construido sobre ella. Todos los grupos políticos municipales apoyaron la retirada del asunto de la sesión plenaria.
