La adjudicación del servicio de asistencia a domicilio, tras el concurso público convocado por el consistorio lucentino, va a requerir de mucha mano izquierda por parte del ayuntamiento de Lucena.
La redacción de las bases, aprobadas unánimemente por todos los partidos, ha deparado que el precio por hora de servicio se haya convertido en determinante para la adjudicación. El problema reside en que, tras el análisis de las ofertas presentadas, todos los grupos manifiestan dudas razonables sobre la capacidad para asumir el servicio de la empresa inicialmente propuesta por la Mesa de Contratación, Ineprodes, al haber fijado un coste por hora muy bajo, lo que, a juicio de algunos partidos, hace inviable la obtención de ingresos por la empresa y puede poner en peligro la calidad del servicio. Sin embargo la oferta de Ineprodes no está en baja temeraria, por lo que es perfectamente legal de acuerdo con las bases de contratación.
Así las cosas, la toma de una decisión sobre este concurso público ocupó ayer a los ediles de la corporación lucentina durante buena parte de la sesión plenaria, en un debate en el que llegaron a plantearse hasta tres propuestas diferentes, desde la petición de IUCA de dejar sin efecto el concurso y estudiar la municipalización del servicio como ya se ha hecho en otros municipios, hasta la de Vicente Dalda, de adjudicar el servicio a Ineprodes y emplear el ahorro que supondrá su oferta –unos 400.000 euros en cuatro años, a la contratación de más personal para el servicio– pasando por la formulada por el PP, finalmente elegida de forma mayoritaria.
Como es sabido, ante las dudas planteadas, los grupos políticos han convenido requerir a Ineprodes un informe sobre la viabilidad económica de su propuesta y que, una vez recibida la documentación, se elabore un informe por parte de los Servicios Técnicos Municipales, tanto de Secretaría como de Intervención, avalando o rechazando dicha justificación. Ayer los populares añadieron que también se solicite a la empresa la enumeración de las mejoras aceptadas y el coste unitario de cada una de ellas, como resulta preceptivo según el pliego de condiciones y tras darse cuenta de que dicha información no figura en la propuesta de la firma egabrense.
Ineprodes dispondrá de un plazo de cinco días para justificar sus mejoras y su oferta económica. No obstante, algunos ediles creen que la empresa incluso podría desestimar la presentación de esta información, toda vez que no viene obligada a ello, al no encontrarse formalmente en baja temeraria y haber cumplido todos los requisitos estipulados en las bases de contratación.
