El pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobó el pasado viernes con los votos del PSOE, IU y Ciudadanos la adaptación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocida como la plusvalía municipal, al Real Decreto 26/2021 por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de diferentes artículos.
En concreto, la aprobación –que contó con el voto en contra de PP y VOX– incluye doce modificaciones que vienen a adecuar el texto de la ordenanza municipal a la nueva legislación impulsada por el Ministerio de Hacienda dentro del plazo de seis meses concedido a los ayuntamientos.
Las novedades más importantes se plasman en la incorporación de varios supuestos de exención en el pago del impuesto y en el aumento del 20% al 30% del tipo del gravamen. Las bonificaciones en la cuota tributaria se mantienen cuando se trata de la vivienda habitual y se reducen del 60% al 30%, cuando son elementos distintos de la vivienda habitual del transmitente.
Durante el debate plenario, tanto Vox como el PP mantuvieron tesis contrarias a la aprobación de esta ordenanza. Ambas formaciones recordaron que el Real Decreto que da soporte a estos cambios está actualmente recurrido por su presunta inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Antonio Hidalgo, portavoz de Vox señaló que "otros ayuntamientos están aparcando la modificación de sus ordenanzas hasta tanto haya una resolución definitiva de este recurso" y advirtió que "si finalmente se declara inconstitucional sería necesario devolver lo cobrado y pagar costas". Respecto al incremento del tipo de gravamen, Hidalgo indicó que su grupo "está en contra de cualquier subida de impuestos".
Por su parte, Francis Aguilar, portavoz del PP, señaló que tanto el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda como la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda se han manifestado sobre la posible inconstitucionalidad del Real Decreto del Gobierno de España y el PP ha presentado un recurso por idéntico motivo que está admitido a trámite. "Pero además –señaló Aguilar– esta modificación grava aún más el bolsillo de los lucentinos, por lo que anunció su voto contrario.
La concejala de Hacienda, Carmen Burgos, descartó que la aprobación de estas modificaciones se traduzca en un aumento de los ingresos del Ayuntamiento por el concepto de la plusvalía. De hecho, la Intervención Municipal mantiene la previsión de recaudación por este impuesto de 360.000 euros recogida para el presupuesto del año 2022, cantidad muy inferior a los 610.000 euros reconocidos como derechos de pago durante la anualidad de 2021. Según Burgos "con las modificaciones que se recogen en la ordenanza, en la mayoría de los casos el ciudadano pagará bastante menos".
Carmen Burgos reiteró que la propuesta del Ayuntamiento es "adaptar la ordenanza a la legislación que esté vigente en cada momento" y que si el Tribunal Constitucional falla en contra del actual texto, de nuevo el Pleno se elevarán las modificaciones que sean necesarias. "No podemos prescindir de estos ingresos, aunque se vean mermados respecto a años anteriores, por salvaguardar el equilibrio económico del ayuntamiento", añadió.
