Todos los grupos políticos municipales excepto IU, han considerado que el dictamen remitido al consistorio lucentino por el Consejo Consultivo de Andalucía no deja otra opción que derogar la autorización previa, lo que se traducirá en el cese de la actividad tan pronto como sea notificada esta resolución plenaria a la empresa concesionaria de este mercado ambulante sobre suelo privado.
No obstante, todo apunta a que esta posibilidad, calificada como "dramática" por el portavoz de IU, Miguel Villa, será solo provisional. Y es que la totalidad de los grupos políticos municipales han mostrado unánimemente su deseo de dar continuidad a esta actividad comercial mediante la aprobación de una ordenanza municipal que regule específicamente la venta ambulante en terrenos privados, alternativa que abre el propio dictamen del Consejo Consultivo.
Todos los grupos sin excepción han mostrado su disposición a aprobar esta ordenanza "a la mayor brevedad posible" considerando el interés general de la actividad para la ciudad y el particular de los comerciantes, que en número de unos 200 se dan cita cada domingo para realizar sus ventas en el polígono de Los Polvillares.
El único voto disonante ha sido el de IU. Su portavoz, Miguel Villa, ha asegurado que el dictamen del Consejo Consultivo, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, "no es vinculante" para el ayuntamiento. Villa ha señalado que desde que hace cinco años se autorizó esta actividad se han producido una decena de informes jurídicos desde distintas instancias, tanto municipales como autonómicas y nacionales, cada uno de ellos con un dictamen y argumentación diferentes.
Especialmente tenso ha resultado el debate entre el alcalde, Juan Pérez, y la edil del PP Rosario Valverde. Los populares acusaron al grupo socialista de no haber actuado con diligencia respecto a la redacción de la ordenanza de comercio ambulante en suelo privado que ahora se reclama y al regidor lucentino de mentir cuando aseguró ante la prensa que una propuesta de ordenanza había pasado por sendas comisiones de Hacienda y por el propio pleno hasta en tres ocasiones.
Por su parte, el alcalde se ratificó en esas declaraciones y acusó a los populares de "ponerse de perfil" respecto a la resolución de este problema, e incluso aludió a una conversación privada para asegurar que un miembro del PP mostró su satisfacción por el informe del Vicesecretario Municipal que dictaminó la nulidad de la autorización de apertura concedida en 2014, dictamen que ahora ha ratificado el Consejo Consultivo.
