El PP ha anunciado hoy que el Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba ha fallado en contra del ayuntamiento de Lucena en el recurso presentado por el arquitecto Enrique Moreno Cuñat contra la decisión municipal de despedirle del puesto en el que solo unas semanas antes se le había reconocido como personal laboral indefinido no fijo de plantilla, alegando la amortización de la plaza que ocupaba.
El juzgado estima en su totalidad la demanda del interesado y considera que la extinción de su contrato tiene el carácter de despido improcedente, por lo que condena al consistorio lucentino a la readmisión inmediata del arquitecto en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia y a la indemnización al mismo en cuantía de 24.118 euros, que supera ampliamente los 10.000 euros en los que el equipo de gobierno había valorado el despido. Además, el juzgado considera que el demandante tiene derecho a la percepción de trienios, inicialmente no computados por el ayuntamiento por el carácter temporal de su contrato.
Según la sentencia judicial "resulta evidente que el Ayuntamiento en modo alguno ha justificado la necesidad de amortizar la plaza del demandante y proceder a su despido". Además se señala que "el decreto de Alcaldía que sirve como carta de despido del demandante debía haber establecido una explicación mínima sobre el sistema de reparto que existe en el servicio de obras desde el año 2010, cuando fue contratado", concluyendo que "existe una absoluta falta de motivación de la decisión de extinción del contrato" y "es más que evidente que el demandante realizaba numerosos cometidos al margen de la obra enconmendada en un primer momento, siendo este el motivo por el que se le tuvo que convertir en trabajador indefinido, toda vez que el contrato temporal inicial había quedado totalmente desnaturalizado".
Como se recordará el señor Moreno Cuñat fue contratado para la supervisión y dirección de las obras del casco histórico, aunque pudo constatarse que dicho empleado había venido realizando tareas para las que no había sido contratado, loque obligó al ayuntamiento a convertir su contrato en indefinido. El concejal del PP, Julián Ranchal, ha pedido hoy a la concejal de Personal, Teresa Alonso, que se retracte de las declaraciones realizadas en su día ante los medios de comunicación, en las que acusaba al PP de "mentir" al asegurar que la indemnización supería los 20.000 euros, indicando que "será la mitad y él –en relación a Ranchal– lo sabe". Según el edil popular "el PP llevaba toda la razón y el equipo de gobierno ninguna".
Contra la sentencia judicial cabe la interposición de recurso, y según adelantó el PP hoy, "parece que será recurrida".
