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La decisión del equipo de gobierno de cerrar al uso general el aparcamiento del mercado de abastos se convirtió en uno de los temas más polémicos del pleno municipal, que contó entre el público con los siete asociados que realizan tareas de vigilancia en las distintas zonas de estacionamiento controladas por PM40 y familiares de estos, que en algunos momentos del debate interrumpieron la sesión plenaria, llegando el alcalde a amenazar con su desalojo.
De un lado, el PP, utilizó el turno de ruegos y preguntas para poner de manifiesto su postura radicalmente contraria al cierre de los aparcamientos, por entender que, de una parte, supondrá un perjuicio económico para los vendedores del mercado y su entorno, que podrían perder a una parte de su clientela que usa el parking para cargar la mercancía que adquieren en el mercado y de otra, deja sin empleo a los vigilantes de la asociación PM40 que vienen realizando las tareas de control de los accesos al mismo desde hace años. Para la edil del PP, Mari Carmen Cabezas, la decisión podría obedecer "como las anteriores de quitar aparcamientos en la plaza de San Miguel, Coso y plaza Alta y Baja," a un intento por rentabilizar el parking de la Plaza Nueva.
El presidente de la EPEL "Aparcamientos de Lucena", Miguel Villa, volvió a reiterar los argumentos ya manifestados sobre la peligrosidad que no ilegalidad de la rampa existente, lo innecesario de mantenerlos abiertos al público existiendo plazas libres en la Plaza Nueva, o la conveniencia de utilizar este sótano para la flota de vehículos municipales y de Servimán, para vehículos comerciales de los propios vendedores "y para cualquier otro uso que se determine", en el que podrían entrar el de permitir el acceso a determinados compradores.
Por su parte, el alcalde, Juan Pérez, se ratificó en lo manifestado por Miguel Villa, señalando que "el ayuntamiento tiene potestad para organizar sus servicios como considere más beneficioso para los ciudadanos". No obstante, Pérez aseguró que "no se ha cerrado ninguna puerta, habrá que ver cuales son las personas afectadas y a lo mejor no son tantas". El regidor lucentino se mostró dispuesto a mantener una reunión con todos los afectados para estudiar alternativas, incluidos los vigilantes de PM40. Tanto Villa como Pérez mantuvieron que la decisión está pendiente de la definición de un plan de uso del estacionamiento.
La concejal del PP, Mari Carmen Cabezas señaló al respecto que "esas alternativas se deberían haber buscado antes de hacer pública la decisión". Cabezas acusó al equipo de gobierno de ir "contra los escasos recursos económicos de los vigilantes de PM40" y mostró las 300 firmas de personas que se han adherido a las demandas de los vendedores y vigilantes en los últimos días, y que ayer fueron presentadas en el ayuntamiento, asegurando que su partido "no se quedará satisfecho hasta ver que la decisión de cerrar no perjudica a nadie".
En este punto, Miguel Villa, volvió a indicar que PM40 es una asociación sin ánimo de lucro y que los vigilantes no tienen contrato alguno para el desempeño de sus funciones, por lo que ante un accidente en las instalaciones municipales podría ser el ayuntamiento el responsable subsidiario, situación que motivó que los asistentes increparán al edil lucentino y el alcalde amenazará con expulsar a estas personas del plenario.
Una vez levantada la sesión el grupo de vigilantes desplegó una pancarta y el coordinador de la asociación tomó la palabra pidiendo "consideración para unas familias que se quedarán en la calle" y asegurando que "solo el PP y Antonio Ruiz-Canela había hecho algo por ellos", momento en el que el edil de IU, Carlos Villa, manifestó que el pleno "no es el foro para dar un mitin político", levantándose de sus asientos los ediles de este grupo municipal para abandonar el pleno, aunque posteriormente se incorporaron al salón, manteniendo una discusión con el coordinador de PM-40 a las puertas del plenario.
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