El ayuntamiento quiere dar alquiler social para familias sin recursos

01 de Marzo de 2013
 El ayuntamiento quiere dar alquiler social para familias sin recursos
El ayuntamiento quiere dar alquiler social para familias sin recursos
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En las últimas semanas esta mujer que cubre su rostro "por vergüenza" pero muestra su angustia en forma de cartel, a la vista de cualquier persona que entre en el ayuntamiento de Lucena, se ha convertido en la viva expresión del drama por el que atraviesan decenas, quizá cientos de familias lucentinas y decenas de miles de familias españolas. Es una de las caras visibles –para algunos, invisibles– de la crisis.

Ella, como otras muchas mujeres y hombres de este país, lo han perdido todo o casi todo entre primas de riesgo, déficit europeos y cifras macroeconómicas que no comprenden, como tampoco la alta clase política entiende de pequeñas tragedias domésticas como la de esta mujer, ni pone nombre y apellidos a aquellos a quienes la sociedad del bienestar va dejando en la cuneta.

De los errores de unos y las políticas de otros en Madrid o Bruselas, se hacen acreedores en última instancia los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la avalancha de miseria y necesidades que conforma el rastro de la crisis, haciendo que dramas como el de esta mujer que implora una vivienda a las puertas de la casa consistorial, se dilaten en el tiempo y se hagan eternas para quienes anónimamente sufren la pobreza.

Resulta paradójico que haya ciudadanos que a duras penas pueden pasar la noche a cubierto mientras la burocracia hace que el ayuntamiento y la Junta de Andalucía tengan cerradas en Lucena más de un centenar de viviendas de VPO desde hace más de dos años, fruto de una crisis que ha expulsado a muchas familias incluso de la posibilidad de adquirir una vivienda de protección oficial. Es por ello que desde el equipo de gobierno municipal se ha planteado esta semana a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía un plan que podría permitir ofrecer al menos una parte de esas viviendas a familias necesitadas a cambio de una pequeña renta social.

Señala Carlos Villa, concejal de Servicios Sociales, que "desde Servicios Sociales se ayuda a estas familias, pero son ayudas necesariamente puntuales, que no pueden resolver sus problemas de forma definitiva, por ejemplo frente a situaciones de desahucio". Sin embargo, considera Villa que "es posible ayudar a estas personas sumando esfuerzos" y la reciente visita a Lucena de la delegada territorial de Obras Públicas, Mari Santos, sirvió para presentar a la administración autonómica un proyecto que debe fructificar en solución.

Se trata de volver a cambiar la calificación de una parte de las viviendas de protección oficial de Suvilusa –antes en venta, ahora en alquiler con opción a compra con precios en torno a los 300 euros al mes– para que puedan ser alquiladas por estas familias por una mensualidad no mayor de unos 100 euros. El resto hasta cubrir los 300 euros que el ayuntamiento precisa para hacer frente a las hipotecas contraídas por la empresa municipal, serían aportados a partes iguales por el consistorio y la Junta de Andalucía.

Mari Santos indicaba a LucenaHoy el pasado martes que "vamos a estudiar la propuesta con mucho interés" y destacaba el carácter novedoso de la misma. "Para la Junta es prioritario ayudar a las familias a las que la crisis está sacando del estado del bienestar y todas las iniciativas deben ser estudiadas si con ello podemos ayudar a quienes lo están pasando mal en estos momentos", señaló Santos, que emplazaba a la administración local a una reunión en los próximos días para estudiar en profundidad este novedoso proyecto.

La previsión municipal es que entre diez y veinte de las aproximadamente cincuenta viviendas vacías de las que dispone Suvilusa puedan acogerse a esta fórmula. Además, Carlos Villa indica que la empresa municipal está ya a punto de equipar otras 24 viviendas en régimen de alquiler social en la calle Corazón Jesús, que se entregarán ya amuebladas, y que serán destinadas a personas de avanzada edad y parejas jóvenes. La forma de acceso a las mismas sería muy restrictiva y sujeta a informes de Servicios Sociales, para garantizar que los pisos sean ocupados por familias que realmente no puedan hacer frente a una vivienda en el mercado libre ni siquiera en las actuales condiciones de precios bajos.

Si el proyecto fructifica, la estampa que ilustra este artículo podría ser historia.
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