El alcalde de Lucena, Juan Pérez, anunció el martes que ya se ha trasladado a los servicios jurídicos municipales toda la documentación para que se presente demanda judicial contra la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para exigir el pago de algo más de un millón de euros por la ocupación de terrenos municipales para la construcción del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar.
Pérez indicó en el pleno municipal, a preguntas del PP, que se llega a esta situación ante la evidencia de la nula disposición de la administración autonómica a culminar el expediente de expropiación de los suelos, iniciado en su día por la propia Junta de Andalucía, en el que se incluían documentos que certificaban un valor aproximado de 1,1 millones de euros para los citados terrenos.
En el mismo sentido se manifestó el concejal de Urbanismo, Miguel Villa, que manifestó su "frustración" después de que las numerosas reuniones mantenidas a nivel político y técnico durante los últimos años, no hayan fructificado en un acuerdo.
La Junta ha venido planteando dos problemas para aceptar la tesis del pago de un justiprecio defendida por el Ayuntamiento. De una parte no reconoce validez documental a la referida valoración como parte del expediente del expropiación y considera que el valor de los suelos apenas supera los 250.000 euros. De otra parte argumenta que la administración autonómica ha realizado cesiones de terreno y obras complementarias por valor de 2.5 millones de euros, que compensan ampliamente la posible deuda con el consistorio lucentino. Ahora deberán ser los tribunales los que determinen si corresponde el pago del justiprecio y la cuantía del mismo.
El PP recriminó el martes al equipo de gobierno, y especialmente a IUCA, muy combativa con este tema en el anterior mandato corporativo, que no se haya puesto más interés en la resolución de este asunto, a acusó a la administración autonómica y el cogobierno de "marear la perdiz" en este conflicto. Las declaraciones del portavoz popular, José Mª Morillo-Velarde, fueron negadas rotundamente por Miguel Villa. "Es incierto que no se haya hecho nada", aseguró Villa.
OTRA DENUNCIA POR EL USO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LOS SANTOS
Por otra parte, el ayuntamiento de Lucena denunciará al Servicio Andaluz de Empleo tras no encontrar respuesta a la reiterada petición de pago de la deuda que este organismo de la Junta de Andalucía mantiene con el consistorio lucentino por el uso de las instalaciones del complejo educativo de Los Santos y que podría ascender a más de 300.000 euros.
Según Juan Pérez, la denuncia podría ampliarse a la Consejería de Educación, que actualmente gestiona el centro de formación para el empleo ubicado en este complejo educativo municipal, si esta no se hace cargo de la parte de la deuda contraída desde que se produjo el cambio de competencias en la administración autonómica. Respecto al fututo, Juan Pérez indicó en el pleno que se está a la espera de cerrar con Educación un nuevo convenio que regularía estos pagos en lo sucesivo. En ese convenio ya no figurará uno de los módulos, que venía ocupando la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), integrada ahora en el SAE.
El SAE ha venido ocupando desde hace años buena parte de las instalaciones del complejo educativo municipal de Los Santos, donde ha ofrecido cursos de formación profesional ocupacional desde hace más de una ecada. La deuda corresponde tanto al canon por el uso de los inmuebles como a facturas de electricidad y otros suministros, que se remontan en algunos casos hasta cuatro años atrás.
