Como ya avanzó anoche este periódico, Agentes de la Policía Local procedieron en la tarde de ayer al desalojo del concejal no adscrito, Vicente Dalda, de la reunión que celebraba la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico en dependencias municipales para aprobar el plan de trabajo y horarios de este organismo para los próximos meses y decidir sobre la contratación de una empresa auxiliar para la atención del mismo hasta final de este año.
Según ha señalado esta mañana la concejal delegada de Educación, Encarnación Camacho, que presidía la reunión, "me limite a aplicar el Artículo 95 del Reglamento de Funcionamiento de Entidades Locales. Era la segunda vez que el Señor Dalda intentaba hacer lo mismo, después de que en agosto me obligara a suspender otra Junta Gestora tras negarle la autorización a grabar el sonido de la reunión con su teléfono móvil".
La edil socialista ha justificado su decisión asegurando que "las comisiones permanentes y las Juntas Rectoras no son actos públicos, como sí ocurre con los plenos. Son actos privados, de los que levanta acta un secretario, para más tarde ser aprobada por todos los miembros". Según Camacho "la transparencia está garantizada y grabar –o no– lo que sucede en la Junta Rectora es simplemente una posibilidad para facilitar la redacción del acta, pero no es obligatorio y queda a criterio del funcionario y del presidente de la comisión".
Para la concejal de Educación "nunca ha habido ninguna queja sobre la redacción de las actas, todas han sido aprobadas y entiendo que no hay necesidad de grabar lo que se haga allí y mucho menos con un teléfono móvil privado, que era la primera intención del Señor Dalda, ya que no podemos garantizar de ninguna manera lo que suceda con una grabación privada".
LOS HECHOS SEGÚN DALDA
Por su parte, Vicente Dalda ha explicado en rueda de prensa que ayer fue "expulsado de la Junta Gestora del PIT por la policía local, a petición de la presidenta". Dalda indicó que tanto el pasado 3 de agosto como en la tarde de ayer, solicitó a esta Junta Gestora que se grabase el audio de la sesión, manifestando que "como es habitual y lo normal", argumentando que de esta forma "se da fe de lo que se ha dicho y se deja una constancia física que sirve posteriormente para dirimir posibles desacuerdos con el contenido del acta, como ya ocurrió recientemente respecto a un incendio producido en las instalaciones del PIT que motivó diferencias sobre lo indicado en la sesión entre la señora Camacho y la edil del PP Araceli Moreno". Para Dalda "la grabación supone contar con una prueba limpia, transparente y abierta de lo que allí se dice o deja de decir, por lo que no hay que tener miedo a que se grabe".
Respecto a los hechos, inéditos en una corporación municipal en la historia del ayuntamiento de Lucena, Dalda insistió en que "la presidenta me dijo por tres veces que no me autorizaba a grabar, y me apercibió de que estaba atentando contra el orden de la Junta Rectora, pese a que todo se produjo en un tono normal. Se marchó, volvió, e indicó que había llamado a la policía local para que procedería a mi desalojo". Presentado en la sala un agente, le conminó a abandonar la reunión, a lo que Dalda no accedió de forma voluntaria, lo que obligó al policía a dirigirse a su asiento, levantándose entonces sin oponer resistencia.
Para Dalda este nuevo enfrentamiento evidencia "la prepotencia de los inútiles, la de esta señora que ha tenido el PIT cerrado los meses de vacaciones, que echó a un empleado sin tener previsto un sustituto, y que ha mostrado ahora un desprecio absoluto a la dignidad de un concejal que representa a personas de este pueblo, sin entrar por ahora a valorar si su actuación es legal o no".
Dalda manifestaba esta mañana que "me hizo abandonar la sala por la fuerza, cuando lo que hubiese procedido era advertir de las consecuencias de un posible uso ilegal de la grabación y seguir adelante", por lo que se preguntó "¿qué oculta esta señora?". Para este edil "es un atentado contra mi libertad individual de tomar notas de lo que se dice o grabar un asunto público del ayuntamiento", incidente que enmarca en una hipotética intención del equipo de gobierno y parte de la oposición de impedirle realizar su trabajo: "Se me ha echado del ayuntamiento, no dispongo de despacho, ni ordenador, ni impresora, se está intentando por todos lo medios evitar que ejerza mi labor como concejal de e la oposición por denunciar lo que me parece mal y proponer cosas que me parecen adecuadas para el municipio".
