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La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés y los alcaldes de Lucena, Juan Pérez; Benamejí, José Ropero; y Palenciana, Carmen Pinto; han firmado esta tarde el convenio de adhesión de estos últimos al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.
Cortés ha indicado que este programa cuenta ya con el apoyo de 117 ayuntamientos andaluces y sus primeros frutos empiezan a ser muy visibles. Según la Consejera, solo en la provincia de Córdoba, la oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 136 desahucios en los primeros seis meses de funcionamiento, de los cuales 80 se han resuelto de forma positiva y 56 están en trámite, lo que significa que las familias siguen en sus viviendas mientras se tramita su petición para evitar el desahucio; una cifra que, en su opinión avala las herramientas que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se están poniendo en marcha para garantizar que las familias permanezcan en sus casas y no sigan siendo las víctimas de una situación que no han generado ellas.
Cortés ha defendido que dos son las herramientas con las que está contando la Junta para la aplicación de este programa, de una parte la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera irregular la normativa española sobre desahucios, "confirmando la ilegalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria de más de 86.000 desahucios en Andalucía desde 2007" y de otra parte, el Decreto para la función social de la Vivienda, con el que devolvemos a los inmuebles su valor como derecho y no como mercancía y nos convertimos en garantes del cumplimiento de los derechos de las familias.
Cortes explicó que este decreto está concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo. El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).
El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2 % del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Según Elena Cortés el decreto se aprobará con carácter de urgencia y se será de aplicación inmediata e incluirá tanto incentivos para propietarios particulares que deseen alquilar sus vivendas como sanciones a bancos e inmobiliarias para que saquen al mercado de alquiler entre 700.000 y un millón de viviendas actualmente vacías, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas. En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial, con multas que pueden alcanzar hasta los 9.000 euros.
A preguntas de LucenaHoy, Cortés indicó que estas medidas serán de aplicación "tanto el ámbito privado como en el público". Y es que la propia empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA, cuenta en Lucena en la zona de El Zarpazo con una promoción de cuarenta viviendas terminadas hace más de dos años y que aún no han sido puestas en el mercado y permanecen por tanto cerradas. Sobre este tema Cortés dijo que "estudiaremos este tipo de situaciones y se pondrán en el mercado de forma prioritaria", aunque no anuncio la fórmula que se utilizará para ello o los plazos en los que se hará.
Cortés aseguro que desde la llegada de IU al gobierno andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda ha dado continuamente pasos para luchar contra esta lacra social que afecta a los más débiles, recordando, entre otras medidas, la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas para familias con empobrecimiento sobrevenido, con personas a su cargo y en riesgo de exclusión social; la firma de la Iniciativa Legislativa Popular que exige la modificación de la ley hipotecaria y la puesta en marcha del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, con la apertura de las oficinas de intervención en cada provincia. Ahora vamos más allá y con el decreto reforzamos las funciones de estos puntos de atención al ciudadano, ha afirmado la consejera.
En el caso de Lucena las competencias de esta oficina serán asumidas finalmente por SUVILUSA, a pesar de que la Consejera señaló en rueda de prensa que corresponderían a la Oficina de Atención al Consumidor. Tras la firma del convenio la Consejera ha ofrecido en el ayuntamiento una conferencia para abordar los detalles del decreto para el cumplimiento de medidas para la función social de la vivienda.
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