El grupo municipal 'Ciudadanos Lucena' ha puesto de manifiesto a través de su portavoz, Purificación Joyera, presuntas irregularidades en los Centros Sociales Municipales de Lucena, al darse amparo desde el equipo de gobierno a actividades con ánimo de lucro a pesar de la prohibición expresa que al respecto refleja el Reglamento de Usos y Funcionamiento de los mismos.
Joyera ha señalado que "hasta en tres Comisiones este grupo ha puesto de manifiesto y mostrado pruebas de esas irregularidades sin que el equipo de Gobierno haga nada al respecto, lo que supone un claro agravio para muchos profesionales lucentinos".
Según la portavoz de Ciudadanos "se están dando casos en los que una asociación ha firmado un contrato con un profesional para que éste imparta sus clases en un Centro Social Municipal, fijando y percibiendo de forma unilateral éste último los precios de las mismas, sin que exista control de que sean únicamente los socios los que participan en dichas clases".
Además Joyera indicó que, en algunos casos, como los de talleres de actividades deportivas impartidos en estos centros, el ayuntamiento debería asegurarse de que los profesionales que los imparten cuentan con los seguros exigibles para ello, más aún si dicha actividad se produce en un espacio municipal.
Los Centros Sociales Municipales de Lucena cuentan desde el año pasado con un Reglamento de Uso y Funcionamiento donde quedan recogidos apartados "encaminados a evitar que en los Centros Sociales se produjeran actividades con ánimo de lucro que supusieran una competencia desleal con otros profesionales de la ciudad" ha remarcado Purificación Joyera, que sí ha apuntado como casos excepcionales la contratación de un monitor por parte de la asociación beneficiaria del uso del centro social "siempre y cuando la tarifa o precio por las clases se fije mediante un precio público, es decir, regulado por el propio Ayuntamiento, ya que se da en un espacio municipal y que pagamos todos los lucentinos"
A juicio de Ciudadanos esto supone un claro caso de competencia desleal, ya que "cuando alguien quiere ejercer su actividad debe hacer frente gastos de alquiler, luz, agua, mantenimiento y seguro. Sin embargo, de esta forma se está dando cabida a actividades que se ahorran todo esto" al usar edificios y servicios municipales.
Joyera ha concluido su intervención señalando que este es un caso generalizado. "No queremos acusar ni a las asociaciones ni a los profesionales pero estos casos deben ser redirigidos por el Ayuntamiento, que debe velar y garantizar que sus propias normas se cumplan, mucho más si tienen conocimiento, como es el caso, de que esto no está sucediendo".
