El PP ha denunciado hoy la pasividad del equipo de gobierno municipal ante la situación de insalubridad del edificio número 8 de la calle Pedro Izquierdo, abandonado a su suerte en 2013, en plena crisis inmobiliaria, y ocupado desde ese momento, sin que desde el consistorio se hayan activado medidas que conduzcan a la normalización de esta situación, según ha explicado el edil del grupo popular Aurelio Fernández.
El concejal y candidato a la alcaldía ha lamentado que no haya sido hasta junio de 2022 cuando, ante las quejas de suciedad en el inmueble por parte de los vecinos colindantes, ordenara la realización de un informe por parte de la policía local, informe que puso de manifiesto la existencia de unas condiciones de habitabilidad inhumanas en el mismo.
Según el PP, "han pasado seis meses y el equipo de gobierno sigue sin hacer nada, mientras los vecinos siguen quejándose”. Aurelio Fernández ha afirmado hoy que el ayuntamiento ha dispuesto en este tiempo de herramientas legales a nivel urbanístico, de salud pública o servicios sociales para poder actuar, comenzando por la propia ordenanza municipal de Higiene Urbana, que obliga a los propietarios de inmuebles y parcelas a mantenerlos en las debidas condiciones de salubridad o la LISTA, que faculta al ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de obras e imposición de multas coercitivas a los mismos.
Según el PP “el ayuntamiento lleva diez años permitiendo esta situación”, incluyendo que varios menores convivan con la suciedad imperante en todo el edificio y que los vecinos sufran las consecuencias. “No se puede mirar a otro lado, no pueden pasar tantos años sin hacer nada”, ha manifestado Fernández, asegurando que en la última Comisión de Urbanismo su grupo solicitó “las peticiones y requerimientos realizados hasta ahora en relación con este edificio y la respuesta fue que no se ha hecho nada”.
Por todo ello, Aurelio Fernández ha exigido “que se adopten medidas contundentes para atajar este problema y devolver a estos vecinos la seguridad”, aseverando que en casos como este, que se pueden extrapolar a otros puntos de la ciudad, “solo hace falta voluntad política para solucionar el problema”.
En la actualidad el edificio, de 13 viviendas, cuenta con dos propietarios. Una empresa que recientemente ha adquirido diez pisos, ya desocupados y blindados para evitar una nueva ocupación de los mismos, y uno de los antiguos propietarios, que cuenta con otros tres pisos que actualmente siguen ocupados irregularmente, lo que impide que la primera pueda proceder a las tareas de limpieza, desinfección y rehabilitación del edificio par su puesta a la venta.